MURCIA, 19 (EUROPA PRESS)
El diputado del Partido Socialista de la Región de Murcia, Manolo Sevilla, ha lamentado que la representación de la sociedad civil, asociaciones de vecinos y ecologistas «vaya a ser ínfima» dentro del organigrama del futuro Consejo del Mar Menor.
«Es inadmisible que las personas y colectivos que, día a día, están luchando por salvar la laguna del desastre al que la ha llevado el Partido Popular, no tengan más importancia en el Consejo. Ellas y ellos, más que nadie, saben las necesidades que tiene el Mar Menor», ha indicado Sevilla.
A la sociedad civil le tocará un tercio de la representación en este órgano, mientras que los otros dos tercios irán a parar a las Administraciones (Gobierno estatal, regional y ayuntamientos) y a la representación científica. De este modo, de los 15 representantes de la sociedad civil, solo tres corresponderán a colectivos implicados en la defensa del Mar Menor.
Del mismo modo, desde el PSRM se considera un error que no se cuente en el Consejo con Colegios profesionales como el de los agrónomos, agrícolas, biólogos y ambientólogos.
«Exigimos más representación de asociaciones de vecinos, de plataformas ciudadanas y de asociaciones ecologistas en el Consejo. Devolver la vida al Mar Menor es un reto que nos compete a todos y no puede estar manejado desde la ideología y el beneficio político», ha asegurado el diputado socialista.
Otra cuestión que preocupa al diputado es el nombramiento de los científicos que formen parte del Consejo del Mar Menor. En palabras del diputado, «nuestro criterio es que los científicos no deben ser propuestos por el consejero de Agricultura, sino por las universidades públicas. Si es el consejero el que los elige, no contaremos con los profesionales más preparados. Pedimos al Partido Popular que rectifique en sus intenciones para la composición del Consejo del Mar Menor para conseguir que este órgano cumpla con la función para la que se planteo en la ley», ha finalizado.
UNA LARGA LISTA DE INCUMPLIMIENTOS
El Gobierno regional lleva, para Molina, un año «de inacción» en el Mar Menor, en el que hasta su directora general ha pedido más recursos para solucionar todos los problemas de la laguna.
Entre esos incumplimientos de López Miras y su ejecutivo cita que no se ha podido crear un informe anual del grado de cumplimiento de la Ley al Consejo de Gobierno y su consiguiente comparecencia en la Asamblea Regional; no se ha llevado a cabo un programa de actuación para el control de la contaminación por nitratos, que establezca los requisitos y características de los sistemas de monitorización; o no se han restituido los cultivos ilegales (sin autorización de aprovechamiento de aguas) a su estado natural.
Asimismo, afirma que no se ha ampliado el cuerpo de inspectores encargados de velar por el cumplimiento de la Ley. El cuerpo de inspectores es prácticamente inexistente; no se ha desarrollado la figura de los operadores agroambientales, que son los encargados de asesorar a los agricultores y asegurar el cumplimiento de la Ley; no se ha creado un registro público de expedientes sancionadores en materia de protección integral del Mar Menor; y no se está afrontando la problemática de los fondeos de embarcaciones sin autorización.
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