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Declaración del ministro del Interior por el Día Mundial y Día Europeo contra la Pena de Muerte

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En este Día Mundial y Día Europeo contra la pena de muerte, quiero recordar que tan inhumano castigo legal fue abolido de forma parcial por la Constitución aprobada en 1978 y por completo mediante ley orgánica de 27 de noviembre de 1995. La democracia española no se quedó ahí y, en octubre de 2010, impulsó la firma de la Declaración sobre la constitución y funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, con sede en Ginebra y hoy apoyada por 22 estados que forman su grupo de apoyo. Como español y como demócrata, me siento muy orgulloso de los pasos dados por mi país para consolidar el respeto al derecho a la vida por encima de cualquier circunstancia y eliminar la pena de muerte de su arsenal punitivo. La pena máxima como instrumento de lucha contra el delito no ha dado nunca beneficio alguno en materia de seguridad pública ni de reparación a las víctimas y no tiene efectos disuasorios, es un fracaso que no reduce los índices de criminalidad. Esta es también ocasión inmejorable para proclamar que la defensa de los derechos humanos no puede detenerse en las fronteras. Según Amnistía Internacional, en 2019 se consumaron al menos 657 ejecuciones en los 20 países que aún mantienen esta cruel práctica, aunque la cifra real es mucho más elevada por la dificultad de acceso a los datos reales en la mayoría de esos estados. En 56 países la legislación retiene la pena de muerte como instrumento punitivo, lo que permitió la imposición de 2.307 condenas a muerte el pasado año.   Es para mí un orgullo pertenecer a un Gobierno que, el pasado martes, aprobó una declaración institucional que proclama que «la política exterior de España continuará marcándose como uno de sus objetivos principales la abolición» de la pena de muerte. Un castigo que carece de justificación alguna por cruel, inhumano y degradante, que atenta contra los derechos humanos y el más sagrado de todos ellos, el derecho a la vida. La pena de muerte, como concluyó Jack London, «degrada a la comunidad que la permite, la aprueba con su voto y paga los impuestos necesarios para mantenerla».

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