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El PP insta a agilizar el cambio de la regla de mínimos para compensar el transporte de mercancías en Baleares

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PALMA, 21 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ha registrado en el Parlament una Proposición No de Ley (PNL) para agilizar la modificación de la regla de mínimos de la Unión Europea con el objetivo de que las empresas industriales de Baleares no se vean afectadas por la limitación a 200.000 euros de la cantidad máxima a percibir durante tres años para compensar los sobrecostes del transporte de mercancías.

Según han detallado los ‘populares’ en una nota de prensa, la diputada Asunción Pons, autora de esta iniciativa, ha explicado en la exposición de motivos de la PNL que «todas las empresas de Baleares, con especial incidencia para las industriales, se ven afectadas por la aplicación de la norma en vigor -la ‘regla de mínimos’-. En cambio, en Canarias, al ser región ultraperiférica, no está vigor esta restricción.

Así, ha detallado que que aun cuando Baleares no ha sido reconocida como ultraperiférica, «pero somos una región insular como Canarias, y soportamos unos sobrecostes en el transporte que penalizan y sitúan nuestras empresas en situación de inferioridad al mermar su competitividad».

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Esta penalización confirma, según Pons, que de las 340 empresas industriales beneficiarias de esta compensación, un 9 por ciento resultan directamente afectadas, ya que sus costes de transporte han superado los 200.000 euros durante el último trienio. De la cantidad presupuestada para estas ayudas, que asciende a cinco millones de euros, sólo se han abonado 3,1 millones.

Ante esto, el Partido Popular insta al Govern a agilizar las gestiones para que la compensación del transporte de mercancías en Balears no esté sujeta al Reglamento 1407/2013, de la Comisión Europea, que determina los criterios de la regla de mínimos, discriminatorios y perjudiciales para las empresas industriales de Baleares al no reconocer plenamente su condición insular.

En segundo lugar, expresar el apoyo del Parlament a la modificación del actual sistema de compensación para suprimir las restricciones en vigor al reducir la competitividad y cuestionar la viabilidad de las industrias de Baleares.

También reclama el Partido Popular instar al Gobierno a aplicar de forma efectiva y desarrollar todas las actuaciones incluidas en el Régimen Especial de Baleares aprobado en febrero de 2019, concretamente las medidas fiscales y el factor de insularidad, instrumento financiero que ha de reducir el impacto y los costes derivados de ser una región insular.

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Por último, apoyar a las organizaciones empresariales, Cercles d’Economia de Menorca y Mallorca, sindicatos y Cámaras de Comercio de Baleares en su reclamación para modificar la ‘regla de mínimos’ y eliminar las limitaciones vigentes que perjudican a las empresas industriales.

Pons ha subrayado que, en septiembre de 2018, el Govern anunció que había obtenido el compromiso del secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes para establecer un sistema que garantice ayudas adecuadas al transporte de mercancías para las empresas industriales de Baleares, de hasta un millón de euros, de manera que las Islas, como territorio insular lejano, puedan quedar excluidas de la regla europea de mínimos.

La diputada Asunción Pons ha manifestado que la supresión del límite de la regla de mínimos para las empresas industriales figura en el RD Ley del Régimen Especial de Baleares aprobado por el Gobierno en febrero de 2019.

«El Partido Popular reclama que se agilice y se lleve a cabo, lo antes posible, esta modificación del reglamento de la Unión Europea que perjudica al sector industrial de Balears y merma su competitividad», ha declarado la parlamentaria del Partido Popular, que ha añadido: «Nos hallamos ante otro incumplimiento del REB aprobado hace más de dos años por el Gobierno PSOE-Unidas Podemos».

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Para finalizar, Pons ha recordado que, del Régimen Especial de 2019, también está pendiente el desarrollo de las medidas fiscales así como el factor de insularidad, instrumento financiero para reducir el impacto de la insularidad Baleares, concretamente en inversión pública, que debe incorporarse cada año a los Presupuestos Generales del Estado, pero aún no se ha aplicado.


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