PALMA, 7 (EUROPA PRESS)
Los centros veterinarios de Baleares cerrarán sus puertas, el próximo martes, 11 de febrero, a las 11.00 horas, durante una hora, en el marco de una protesta que se llevará a cabo ese mismo día en muchos más territorios de España, contra el Real Decreto 666/2023 del Gobierno, una norma que ha entrado en vigor a principio de este año y que fija comunicar la prescripción de antibióticos en mascotas.
En nota de prensa, los Empresarios Veterinarios de Baleares han informado que el próximo martes, 11 de febrero, a las 11.00 horas, los centros veterinarios las Islas cerrarán sus puertas durante una hora en protesta por una normativa que, según han denunciado, les “imposibilita” ejercer su trabajo, “poniendo en serio riesgo la salud de las personas, de los animales y el medio ambiente”.
Hay que recordar que, a principio de este año, ha entrado en vigor el Real Decreto 666/2023 por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios.
Se trata de una norma que, entre otras cosas, regula la prescripción de antibióticos en los animales de compañía “de manera excesivamente restrictiva y arbitraria”, según han señalado los Empresarios Veterinarios de Baleares, que la consideran “un obstáculo a la libre prestación de los servicios veterinarios en base a criterios científicos” y “contraria al código deontológico que garantiza una buena práctica clínica para el paciente”. Además, se han quejado, introduce una burocracia “excesiva” en la obligación de la comunicación de cada prescripción (sistema Presvet).
Así, han criticado, “prácticamente, al facultativo veterinario se le prohíbe tratar un paciente en base a un diagnóstico y a las necesidades particulares de cada situación clínica, transformándolo en un robot que debe aplicar una prescripción impuesta por un real decreto en base a criterios rígidos que nada tienen que ver con el conocimiento de la medicina veterinaria actual, poniendo en jaque la salud animal, la salud pública y el medio ambiente”.
En este contexto, los Empresarios Veterinarios de Baleares han contrapuesto el Real Decreto del Gobierno con el Reglamento Europeo 2019/6 del medicamento veterinario, que considera legítimo que los veterinarios vendan al por menor medicamentos veterinarios; así como con un marco legislativo europeo que aboga por un tratamiento diferenciado entre el medicamento del uso humano y el medicamento veterinario, “permitiendo la restricción solo y debidamente justificada en base a la necesidad por el interés general y proporcional al riesgo a evitar por cuestiones de salud pública”.
Además, según han señalado, todo el mercado farmacéutico destinado al animal de compañía significa apenas un uno por ciento del mercado farmacéutico, representando en concreto la venta del antibiótico para estas especies un escaso 0.08 por ciento.
De este modo, han considerado que “para cualquiera es fácil de entender que es una medida absolutamente desproporcionada”, que además “no puede justificarse por el “significativo” impacto que busca conseguir como beneficio para la salud pública a través del supuesto control de la antibiorresistencia”.
Menos aún, han continuado, cuando en la sociedad actual, los animales de compañía juegan “un gran papel de apoyo y soporte de las personas, especialmente en cronicidad, en salud mental, en la soledad no deseada y en el envejecimiento activo”.
De hecho, han subrayado los Empresarios Veterinarios de Baleares, hoy en día, hay infinitamente más estudios científicos publicados y contrastados sobre el impacto positivo en la salud física y mental del vínculo persona-animal que los impactos negativos por antibioresistencia derivados del uso del antibiótico en mascotas.
Así pues, han incidido, “no se puede permitir” que los facultativos veterinarios “no puedan tratar a estos animales y que tengan que recurrir a la eutanasia si no se les puede tratar, ya que el RD 666/2023 les prohíbe el uso de múltiples antibióticos sin tener en cuenta el impacto en la salud mental de las personas”.
“La sensibilidad social actual hacia a los animales de compañía choca con la tradicional falta de empatía de la administración cuando enfoca las medidas sanitarias expeditivas con mentalidad de animales de producción”, han lamentado.
Por tanto, han considerado, cuando se argumentan restricciones por justificación de salud pública, “hay que ser mucho más rigurosos en el análisis de beneficio-riesgo y no desligar la antibioresistencia de otros impactos físico y mentales en la salud de las personas”.
“Los consumidores tienen derecho a recibir los servicios profesionales de quien mejor pueda ofrecérselos y la mayor sencillez en la accesibilidad para obtener lo que necesita, tal como aboga el Reglamento Europeo 2019/6”, han defendido, señalando que a diario pueden constatar que “el consumidor siempre acude primero al veterinario para lograr medicamentos y le extraña que no se los pueda subministrar entrando en una carrera complicada para acceder a ello”.
De hecho, han reprochado, “esta es la realidad en 24 de los 27 países de la Unión Europea, donde el veterinario diagnostica, prescribe y subministra el medicamento, pero España lo prohíbe al profesional más cualificado para ello, obviando la Sentencia Supranacional Nº C-297/16 de 1 de marzo de 2018 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera) que asienta que el veterinario es el único profesional cualificado en salud animal y que, a la vez, puede garantizar la salud pública de los riesgos que implica el manejo del medicamento veterinario, considerándolo el idóneo para control del medicamento veterinario en toda su cadena”.
De esta forma, han defendido que “la realidad y las necesidades sociales en España en relación con el medicamento veterinarios son bien diferente a las que pretende imponer la legislación y lo hace oponiéndose a la reglamentación europea, al mercado único, vulnerando derechos de los consumidores, cuestionando la presunción de inocencia de todo un colectivo profesional universitario y poniendo en jaque la salud animal, la salud pública y la protección medioambiental sin aplicar el principio de necesidad por interés general y proporcionalidad respecto al riesgo en la justificación de la norma”.
Por ello, los Empresarios Veterinarios de Baleares han considerado “evidente” que la actual legislación nacional “no favorece ni al consumidor, ni al paciente, ni a la salud pública y tampoco incentiva la inversión, ni la contratación en España, atentando contra los puestos de trabajo ya consolidados en el sector veterinario, obligando trabajar en una inseguridad jurídica inasumible”.
Además, han solicitado la reforma de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, “de manera que elimine la incompatibilidad entre prescripción y venta del medicamento al facultativo veterinario y permita la libre dispensación de los medicamentos por los veterinarios, en igualdad con el resto de los países comunitarios”.
También, derogar el Real Decreto 666/2023, “por incumplimiento de la legislación europea y de no ser ajustarse a las necesidades reales de la sociedad en materia de salud animal y de salud pública”.
Finalmente, los Empresarios Veterinarios de Baleares han reclamado el retorno “inmediato” al tipo reducido del IVA que grava a los servicios veterinarios, “con el fin de conseguir la eficacia de estas medidas para la protección de la salud pública y de aumentar la accesibilidad de la población a estos servicios de salud”.
- Te recomendamos -
