MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Lisboa envió datos personales de quienes participaron en protestas frente a las embajadas de la capital entre 2011 y 2021, datos protegidos según la legislación del momento, según una auditoría publicada este viernes, después de la polémica desatada por el envío de información al Ministerio de Exteriores de Rusia de manifestantes contra el encierro de Alexei Navalni.
El caso ha provocado una pequeña crisis en el Gobierno de Lisboa, cuyo alcalde, el socialista Fernando Medina, reconoció que este tipo de prácticas se han repetido en varias ocasiones desde 2011, después de una información publicada por el semanal ‘Expresso’.
Ese año, cuando se puso fin a la figura de los gobernadores civiles, el Ayuntamiento asumió las competencias para recibir información y gestionar los permisos para celebrar manifestaciones en la capital. Ninguna norma obliga a las autoridades a enviar estos datos a las entidades objeto de las movilizaciones, ni siquiera a la Policía de Seguridad Pública (PSP).
Medina ha presentado el informe que analiza las 180 protestas frente a embajadas que se han convocado desde 2011 hasta ahora, con 58 de las cuales desde 2018, y ha explicado que según el criterio de la Comisión Nacional de Protección de Datos, «la identificación del nombre en calidad de representante de una organización es un dato personal que exige protección».
A su vez, ha anunciado que el delegado de Protección de Datos será destituido de su cargo y se disolverá la oficina que hasta ahora manejaba las protestas, cuyas competencias irán a pasar a la Policía Municipal.
Medina ha explicado que desde 2013 se ha ignorado de manera «reiterada» la orden que dio el entonces alcalde la ciudad, el ahora primer ministro, António Costa, según la cual las únicas instituciones habilitadas para manejar esa información son la PSP y el Ministerio del Interior.
No obstante ha descartado que haya habido «malicia o mala intención» y apunta hacia «la inercia de la burocracia» y la disparidad de procedimientos en la administración, durante años saturada con «muchos jefes», dice Medina, quien por otro lado no ha facilitado qué embajadas han recibido esta información, pero sí ha dicho que se pondrán en contacto con los damnificados.
No están previstos más ceses, aunque la auditoría continúa, ha contado Medina, quien ha reconocido «la gravedad» de lo que ha ocurrido y ha afirmado que para el Ayuntamiento de Lisboa «es absolutamente central colocar a la ciudad como un espacio de tolerancia y democracia» y por ello harán «todo lo necesario para devolver la tranquilidad a todos aquellos que han visto sacudido ese sentimiento».
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