MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, ha recalcado este martes que «la responsabilidad» del expresidente de Ecuador Lenín Moreno en el caso del material antidisturbios que irregularmente le habría cedido al Gobierno de Jeanine Áñez «no puede quedar impune», un día después de que la oposición ecuatoriana haya presentado ante la Fiscalía una denuncia contra él al respecto.
«La investigación que lleva adelante Ecuador y que presentaremos en Bolivia debe procesar este crimen de lesa humanidad internacional con base en el uso que dieron de estas armas contra el pueblo de Bolivia», ha escrito Lima en Twitter.
«La responsabilidad de Áñez y Lenín Moreno no puede quedar impune», ha remarcado Lima, un día después de que la alianza opositora en Ecuador Unión por la Esperanza (Unes) presentara ante la Fiscalía de ese país una denuncia por la entrega «sin ninguna razón o justificación» de «pertrechos militares, bombas lacrimógenas, balines» al «gobierno de facto de Áñez» en noviembre de 2019.
Días antes, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, informó de que el 16 de noviembre de 2019, cuatro días después de que Áñez se autoproclamara presidenta de Bolivia, Ecuador en calidad de «préstamo» hizo entrega de 8.449 unidades de armamento no letal, como proyectiles y granadas.
En la operación, Del Castillo señaló la responsabilidad de su antecesor en el cargo, Arturo Murillo, quien se encuentra actualmente detenido en Estados Unidos por un delito de blanqueo de capitales en relación a la compra con sobrecostes de material antidisturbios, utilizado posteriormente para sofocar las protestas contra la renuncia forzada del expresidente Evo Morales de su victoria electoral.
Además de Murillo, también han sido acusado el exministro de Defensa Luis Fernando López, en paradero desconocido, aunque se sospecha que podría estar en Brasil; y la que fuera responsable de Comunicación, Roxana Lizárraga, quien mantuvo un encuentro con el exministro boliviano Carlos Sánchez Berzaín, prófugo de la justicia por la masacre de 2003, para resolver esta falta material antidisturbios.
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