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La Xunta vuelve a ampliar el plazo de alegaciones a la ley del ciclo del agua ante las dudas de las entidades locales

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Las entidades locales demandan “claridad” ante posibles aumentos en las tasas y la “invasión” de competencias

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 (EUROPA PRESS)

La Xunta ha ampliado de nuevo en dos semanas el plazo de presentación de alegaciones a ley del ciclo del agua, un proyecto que despierta las dudas de las administraciones locales, que demandan el Ejecutivo gallego que determine con “claridad” cuestiones como posibles aumentos en las tarifas a pagar por los ciudadanos y la “invasión” de competencias a las diputaciones.

Xunta y entidades locales, con la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, y el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias, Alberto Varela, han mantenido este viernes una jornada de trabajo centrada en el anteproyecto de ley redactado por la Administración autonómica para mejorar la gestión del ciclo del agua.

En una reunión de la que ha salido la ampliación en 15 días del período de presentación de alegaciones al texto original. Se trata de la segunda ampliación de plazo de exposición pública concedido por la Xunta tras el decretado hace semanas y que concluía recientemente.

De ello ha informado la conselleira al término del encuentro en declaraciones a los medios en las que ha incidido en que la Xunta quiere “escuchar a las administraciones locales” pues son las que tienen las competencias en la materia.

Unas entidades locales que tienen dudas sobre los efectos de la ley en la práctica, en cuestiones como posibles incrementos de las tarifas o invasiones en sus competencias.

En esta línea van las en torno a 40 alegaciones presentadas hasta el momento por distintas administraciones locales, entre ellas las cuatro diputaciones, que consideran que el anteproyecto invade ámbitos de su competencia y en la “responsabilidad” que tienen de financiar a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.

Así lo ha manifestado el presidente de la Fegamp, que también ha atendido a los medios tras la conclusión de la reunión, celebrada en la Escola Galega de Administración Pública, ubicada en Santiago, donde ha apelado a “no precipitarse” ante la “importancia” del ámbito que se regula y sus efectos por la población.

“Todas las administraciones estamos de acuerdo en que es muy importante la gestión del agua. Por eso entendemos que es una ley que debe tener el mayor consenso de todas las administraciones implicadas”, ha comentado el también alcalde de Vilagarcía.

“Es importante clarificiar cuánto va a ser la repercusión para el bolsillo de los vecinos”, ha añadido Varela, que ha reconocido que esta es una de las principales “preocupaciones” de los alcaldes, pues serán los que van a tener que “explicar” a los vecinos los cambios en los recibos. XUNTA NIEGA NUEVOS IMPUESTOS

Cuestionada al respecto, Ethel Vázquez ha negado que el marco normativo incluya la creación de nuevas tasas, aunque ha admitido que sí afecta a un apartado (el coeficiente de vertido) que “a día de hoy” tenía una exección.

En todo caso, ha incidido en que gravar este tramo de depuración es una cuestión recogida en el pacto local del agua, va en la línea de lo establecido por las directivas europeas y, dice, “ya” se aplica en el Ayuntamiento de Vigo.

Así las cosas, ha calificado de “rotundamente falsas” las afirmaciones lanzadas desde el BNG, que advirtió esta semana que la aplicación de la ley del ciclo del agua supondrá un “sablazo” para el bolsillo de los gallegos.

Para la conselleira, estas palabras demuestran “una alarmante desconocimiento” de un texto que, según Vázquez, plantea un modelo “voluntario” para los ayuntamientos “con problemas” en la depuración, saneamiento y abastacimiento del agua. SILVA CARGA CONTRA VÁZQUEZ

Por otra parte, antes de la celebración del encuentro, la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha difundido unas declaraciones a los medios de comunicación en las que ha cargado contra Ethel Vázquez, a la que ha acusado de “amenazar” y “chantajear” a los gobiernos locales y provinciales que se oponen a la ley.

Tras incidir en que la nueva normativa “va a suponer aumento de costes tanto para los usuarios como para las empresas” y que “rompe con los principios de autonomía local”, la mandataria socialista ha calificado de “intolerable” que la conselleira emplee un “tono amenazante” con las administraciones que difieren de los criterios marcados por la Xunta ante la reformulación del modelo de gestión del agua.*