La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha publicado el XVIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia, en el que se destaca la evolución positiva de Extremadura en 2017 en la atención a las personas en situación de dependencia.
Textualmente dice este informe que Extremadura “continúa la tendencia positiva de personas atendidas que viene manteniendo de forma ininterrumpida”. De hecho, ha registrado 1.147 nuevos beneficiarios más el año pasado, un incremento del 4,7%, lo que ha supuesto que a finales de 2017 el número de personas atendidas es el mayor que se inició la implantación del Sistema, con 25.582 beneficiarios, por encima de la media del conjunto del Estado.
Más allá de la calificación global que resulta de los indicadores que establece el Observatorio, se ha conseguido reducir el número de personas en espera de ser atendidas en 1.134 personas, un 10,6%, aunque el número de quienes siguen esperando permanece situado por encima de la media.
Otro dato positivo que destaca el Observatorio es que, en la región, las personas en situación de dependencia reciben mayoritariamente servicios, en contra de las prestaciones de cuidados en el entorno que predominan en otras regiones.
Asimismo, Extremadura está por encima en gasto público en dependencia y es la tercera que más empleo genera, con 7.491 empleos directos en todo su territorio. La capacidad de generación de empleo del SEPAD es muy elevada, con 45 empleos directos por cada millón de euros invertido. Hay que tener en cuenta que la Comunidad Autónoma es la segunda que más solicitudes recibe de toda España en relación a su número de habitantes, lo da índices negativos en algunos indicadores del Observatorio, como el número de personas sin grado.
La Junta de Extremadura es consciente de la necesidad de mejorar los sistemas de información o la mayor integración con los servicios sociales de base, aspectos en los que ya se está trabajando.
Extremadura es la segunda región española en la que el Estado invierte menos en Dependencia. Y un dato que destaca el propio Observatorio es que la región ha dejado de recibir 90,2 millones € en los últimos seis años por los recortes estatales. La Junta de Extremadura aporta el 77% de la financiación pública. Con el recorte de la Administración General del Estado en 2017, que se estima en 16 millones, se hubieran podido atender a 2.750 personas más y generar más de 720 empleos directos.
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