Los ministros de los 28 estados miembros de la UE se han vuelto a reunir hoy, en esta ocasión en Luxemburgo para, entre otras cuestiones, debatir la propuesta de directiva que pretende hacer frente a los problemas derivados de las prácticas comerciales desleales que se producen en la cadena de suministro de alimentos.
La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, Begoña García, y la directora general de la PAC, Yolanda García Seco, han asistido al Consejo en representación de todas las comunidades autónomas formando parte de la delegación española, y han contado con el apoyo de la Oficina de Extremadura en Bruselas.
Begoña García se ha mostrado a favor de una mayor regulación de la cadena alimentaria porque ‘’los agricultores han pasado de un sistema de apoyo a los precios a un mercado libre en el que faltan controles que protejan al eslabón más débil’’.
Esta legislación es, a su juicio, un primer paso, pero deberían mejorarse algunos puntos. Entre ellos, las relaciones comerciales para todos los productos alimentarios, no sólo para los productos frescos, e incorporar a todas las ventas entre empresas, también en las de un tamaño similar donde pueden producirse abusos. Por tanto, ‘’se debe seguir trabajando para incorporar más aspectos a esta directiva, ampliar el número de prácticas comerciales desleales y la frenar las posiciones de dominio de algunos operadores comerciales’’.
Por otro lado, es necesario avanzar más en la aplicación de una política común en esta materia, puesto que los productores venden sus productos en todo el territorio europeo, por lo que la discrecionalidad en la misma puede no garantizar el cumplimiento de los objetivos.
El comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, ha presentado en nombre del Ejecutivo comunitario esta iniciativa a los responsables de agricultura de los 28 Estados miembros, cuyo proyecto legislativo, destaca la preocupación existente por la vulnerabilidad de los agricultores e introduce posibles soluciones que permitan mejorar su situación. Además, la propuesta plantea un reparto más justo y equitativo de los riesgos. El objetivo es que todos los participantes en la cadena de suministro puedan disfrutar de las ventajas, pero siempre y cuando también se asuman los riesgos.
Entre otras cuestiones, se pretenden aprobar una lista de prácticas comerciales prohibidas como el retraso en los pagos o la modificación de los precios. Además, se trata de mejorar la coordinación de los Estados Miembros en materia de protección de la cadena alimentaria y el establecimiento de un sistema de denuncias basado en la confidencialidad.
Por otro lado, los 28 han podido evaluar la situación actual en relación con la gestión de la pérdida y desperdicios de alimentos, después de que en junio de 2016 se adoptaran unas conclusiones del Consejo en las que se presentaban una serie de iniciativas destinadas a hacer frente a este problema.
Asimismo, durante la sesión también se ha informado sobre otros asuntos como el papel de la fauna silvestre en la gestión de la sanidad animal y la peste porcina africana, así como los puntos de pesca incluidos en el orden del día, cuya coordinación autonómica asume durante este semestre la Comunidad Valenciana.
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