La población votará en unas presidenciales, parlamentarias y locales marcadas por la creciente represión
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La población de Zambia acudirá este jueves a las urnas para unas elecciones presidenciales, parlamentarias y locales consideradas clave para el destino del país y marcadas por las restricciones impuestas por las autoridades ante la pandemia de coronavirus y el despliegue de militares ante los incidentes violentos de los últimos días.
El actual presidente, Edgar Lungu, aspira a renovar su mandato frente al líder opositor Hakainde Hichilema, quien se presenta como candidato por quinta vez, esta vez esperando aprovechar el creciente malestar popular ante la crisis económica y social que atraviesa el país, agravada por la pandemia.
Lungu, quien accedió al poder en enero de 2015 tras unas elecciones celebradas a raíz de la muerte de su predecesor, Michael Sata, podrá concurrir a las urnas después de que el Tribunal Constitucional determinara en junio que no incurriría en un tercer mandato, argumentando que el primero tuvo unas condiciones extraordinarias.
Así, el tribunal sostuvo que el líder del Frente Patriótico (PF) se limitó a concluir el mandato de Sata tras llegar al cargo, por lo que su primer mandato constitucional arrancó en 2016, cuando se impuso en las citadas elecciones. De esta forma, espera lograr un segundo y definitivo mandato al frente del país africano.
La oposición ha protestado contra la decisión del Constitucional y ha sostenido que Lungu se presentará a un tercer mandato que viola la Constitución, al tiempo que ha acusado al mandatario de imponer restricciones a sus actividades políticas bajo la excusa de luchar contra la propagación del coronavirus.
Hichilema, del Partido Unido para el Desarrollo Nacional (UNPD), figura nuevamente como principal punta de lanza de la oposición, si bien un total de 16 candidatos se han postulado a la Presidencia, sin que haya un claro favorito, tal y como ocurrió en las elecciones de 2015 y 2016.
Así, Lungu se impuso en las presidenciales anticipadas de 2015 por menos de 28.000 votos y con una participación cercana al 32 por ciento, mientras que en 2016 logró un mayor margen tras recabar el 50,35 por ciento de los votos en la primera vuelta, por el 47,63 por ciento de Hichilema, que en ambos casos presentó recursos ante los tribunales.
DESPLIEGUE DEL EJÉRCITO
Nuevamente, el candidato del UNPD ha denunciado durante la campaña una serie de presuntas irregularidades destinadas a dar ventaja a su oponente y ha criticado duramente la decisión de Lungu de desplegar al Ejército ante varios incidentes violentos, incluido el asesinato a machetazos de dos seguidores del PF en la capital, Lusaka.
Los asesinatos se vieron seguidos de una decisión de la comisión electoral prohibiendo las actividades del partido de Hichilema en el distrito de Kanyama, donde tuvo lugar el suceso, mientras que el propio líder opositor denunció posteriormente que las fuerzas de seguridad le impidieron acceder a las localidades de Nakonde y Mbala (norte).
En este contexto, Amnistía Internacional alertó a finales de junio de que las autoridades habían incrementado sus restricciones contra la libertad de expresión y asamblea, con un mandato de Lungu caracterizado por el encarcelamiento de opositores y activistas, además del cierre de medios de comunicación independientes.
«Lo que hemos visto en Zambia, especialmente durante los últimos cinco años, es una represión cada vez más brutal de los Derechos Humanos, caracterizada por ataques descarados contra cualquier tipo de disenso», manifestó el director de la ONG para África Oriental y Austral, Deprose Muchena.
«Líderes opositores, periodistas, medios de comunicación y activistas han sido atacados y formular acusaciones de corrupción o abusos contra el Gobierno se ha vuelto peligroso», dijo, antes de recordar que «las protestas han sido detenidas o dispersadas con fuerza ilegal y a veces letal».
Muchena denunció además que «hay pruebas de que altos cargos del Gobierno están alimentando la violencia policial en Zambia durante los últimos cinco años» y reclamó que las autoridades «se comprometieran a respetar, proteger, promover y garantizar el respeto total de los Derechos Humanos antes, durante y después de las elecciones» y «poner fin a la impunidad por las violaciones de los Derechos Humanos».
LUNGU DEFIENDE SU MANDATO
Sin embargo, Lungu defendió el lunes en el marco de la campaña sus programas al frente del país, incluida la expansión del aeropuerto internacional, que describió como una muestra de «la transformación presentada por el Gobierno al pueblo zambiano», según el diario ‘Zambia Reports’.
«Representa nuestro legado y un liderazgo que ha transformado Zambia a través del desarrollo de infraestructuras. Por eso merecemos seguir al frente, porque hemos hecho más de lo que el pueblo de Zambia esperaba que hiciéramos. El pueblo de Zambia debe estar orgulloso de lo que hemos logrado en tan poco tiempo», destacó el presidente.
A pesar de las declaraciones de Lungu, el país –el segundo mayor exportado de cobre del continente– atraviesa una importante crisis económica ahondada por la pandemia y el año pasado entró en su primera recesión desde 1998, con la inflación a unos niveles no vistos desde hace cerca de dos décadas.
En este sentido, el Banco Mundial ha afirmado que la pandemia ha provocado una «contracción» de la economía, ya golpeada por las recientes sequías, la caída del precio del cobre y lo que describe como unas políticas fiscales «insostenibles», si bien está prevista una «recuperación gradual» en 2021.
La crisis económica se ha hecho sentir especialmente entre los jóvenes, en medio de un cambio demográfico que sitúa a Zambia como uno de los países con una menor edad media, con un gran crecimiento a causa de la alta fertilidad, si bien es difícil determinar si esto podría beneficiar a Hichilema, quien se presenta como una opción de cambio decidida a mejorar la economía.
HICHILEMA DENUNCIA IRREGULARIDADES
Hichilema defendió recientemente en una entrevista concedida a African Arguments que considera que puede ganar si el proceso es justo y llegó incluso a afirmar que Lungu «no tiene oportunidad» de imponerse si hay unas elecciones «libres, justas y creíbles».
«La gente está viendo cómo la economía ha colapsado, se pierden trabajos, el sector sanitario empeora y lo difícil que es poner comida en la mesa», explicó, antes de anticipar que las elecciones no serán justas tras las últimas decisiones de las autoridades y la represión contra el UPND.
Entre los aspectos más criticados figura la decisión de la comisión electoral de realizar un nuevo censo en cerca de un mes en 2020 que parece aumentar el número de votantes en zonas consideradas como bastiones del PF, con un descenso de votantes en las que el partido opositor cuenta con más seguidores, sin que se haya autorizado una auditoría independiente.
Por otra parte, ha habido numerosas críticas al Gobierno por su decisión de aplicar la Ley de Orden Público, que data de la era colonial y que es considerada como partidista y destinada a limitar las libertades de la población, incluida la libertad de expresión y reunión, y las actividades de la oposición.
Ante ello, la Unión Africana (UA) ha confirmado que desplegará una misión de observación –encabezada por el expresidente sierraleonés Ernest Bai Koroma– tras una invitación de Lusaka y con el objetivo declarado de «generar una valoración independiente e imparcial de todos los aspectos del proceso electoral de 2021».
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