MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
Plus Ultra Líneas Aéreas muestra su satisfacción ante la solicitud de la Fiscalía Provincial de Madrid a la juez de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, para que desbloquee la ayuda pública a la compañía Plus Ultra en lo relativo al pago de 34 millones de euros, concedido por Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).
La Fiscalía afirma que en ausencia de apoyo estatal, la compañía no podría atender sus obligaciones operativas, «teniendo graves dificultades para seguir en funcionamiento».
El cese de la actividad de Plus Ultra, señala la Fiscalía citando los informes aportados por la propia compañía, generaría una pérdida de empleo directa de más de 400 personas y afectaría de forma indirecta al empleo de 2.700 trabajadores. El impacto económico sería de 365 millones de euros en términos de facturación, añade.
Por tanto, desde Plus Ultra quieren expresar la «absoluta coincidencia» con la Fiscalía en todos sus puntos y reiterar su satisfacción por lo anunciado, así como por las recientes decisiones tomadas por el Tribunal Supremo, el Tribunal de Cuentas y la Comisión Europea con respecto a la financiación pública que se le ha otorgado.
Asimismo, la aerolínea insiste en que «todas estas decisiones refrendan la falta de fundamento de las falsas acusaciones y tergiversaciones que se están vertiendo desde diferentes medios de comunicación, representantes políticos y diversas organizaciones durante los últimos meses sobre la aerolínea española».
PRÉSTAMO PARALIZADO
La petición del Ministerio Público se da a conocer dos días después de que la compañía hiciera llegar a la juez un escrito de alegaciones en el que defiende que el préstamo que le resta por recibir por parte del Gobierno «resulta indispensable» para garantizar la viabilidad de la aerolínea.
La juez paralizó el pasado jueves la entrega de los 34 millones de euros que forman parte del rescate a la aerolínea y que se debían desembolsar este miércoles, 28 de julio.
Plus Ultra también aportó el informe de un auditor de cuentas independiente en el que, tras adverarse los datos contables de la compañía, se contrasta la realidad de las necesidades financieras de su actividad económica habitual en el marco del Plan de Viabilidad elaborado para la solicitud del apoyo financiero público.
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