MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
ONG han coincidido han puesto el foco en la importancia de la inclusión en el Día de la Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre, después de un año marcado por varios hitos como la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica –que entró en vigor el pasado 3 de septiembre– o los trabajos que se están llevando a cabo para renovar el artículo 49 de la Constitución Española, donde se recoge el término «disminuido».
Precisamente, esta semana el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación CERMI Mujeres han exigido a todos los partidos políticos su apoyo «sin fisuras» a la renovación del artículo 49 de la Constitución Española, en la que se recoge el término «disminuido». A su juicio, «ni la terminología empleada ni el contenido» de dicho artículo «están alineados con la visión plena de derechos humanos».
La ONCE ha dedicado su Cuponazo del viernes al Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad que, en esta ocasión tiene como lema ‘Ante todo, personas’ y también reivindica la eliminación de la palabra ‘disminuido’ de la Constitución para sustituirlo por ‘personas con discapacidad’.
De cumplimentarse esta reforma, se uniría a la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que modificaba ocho leyes estatales y beneficia a 4,5 millones de personas pertenecientes al colectivo de la discapacidad, aunque también se aplica en casos de discapacidad sobrevenida, algo de lo que puede ser susceptible toda la población. «Una fecha histórica», como indicó a Europa Press el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno.
La norma — impulsada por Aequitas y CERMI– elimina del ámbito de la discapacidad la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, figuras que, según detalla el texto, no responden al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad.
Además, aborda la institución de la curatela, lo que obliga a modificar las leyes Hipotecaria y del Registro Civil; y reforma la ley de Enjuiciamiento Civil en relación al ejercicio de las acciones de determinación o impugnación de la filiación, en los procedimientos de separación y divorcio y en el procedimiento para la división de la herencia. También la ley del Notariado y la Ley de Comercio se acomodan terminológicamente a estos cambios, entre otras novedades.
Además, este 3 de diciembre, el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha hecho público un comunicado que pone el foco en los retrasos que registran las comunidades autónomas en el otorgamiento y gestión de los certificados de discapacidad.
«La realidad nos demuestra que las personas con discapacidad, aun estando reconocidas legalmente, continúan teniendo obstáculos para acceder a determinados servicios, como la atención temprana o a una educación adecuada a sus necesidades. Unos apoyos imprescindibles, que se tornan inalcanzables cuando la discapacidad es incipiente y el certificado que la acredita no se resuelve en el tiempo necesario», alertan.
A su juicio, «los avances experimentados en inclusión se contrarrestan con una burocracia que acarrea retrasos de entre uno y tres años para tramitar un certificado de discapacidad, poniendo en jaque a miles de familias que encontrarían una ayuda y alivio en los derechos sociales, familiares, económicos y otros servicios públicos que determine la legislación específica gracias a este reconocimiento».
Por ello, el CEDDD reclama la habilitación del personal y los medios necesarios para agilizar estos trámites, al tiempo que pide «unidad a las instituciones y a la sociedad civil con el objetivo de apoyar y empoderar a las personas con discapacidad de una forma real y efectiva».
Desde la Confederación Estatal de mujeres con (CEMUDIS) y su Movimiento Asociativo reclaman un calendario sin desigualdades para las mujeres y niñas con discapacidad que representan. «Queremos un día a día como el de cualquiera», reclaman.
Por su parte, la Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha reivindicado el papel activo de las mujeres con discapacidad en la maternidad para poner fin «al modelo patriarcal y capacitista», en palabras de su coordinadora, Isabel Caballero, durante el V Congreso para la erradicación de las violencias machistas desde los servicios sociales y sanitarios organizada por Hèlia, una entidad que ofrece apoyo a las mujeres supervivientes de la violencia machista para conseguir su plena recuperación y empoderamiento.
De esta manera, Caballero hizo hincapié en las «dificultades que tienen las mujeres a la hora de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos por el modelo existente que parte de una serie de prejuicios y estereotipos en relación a lo que se considera que es una buena madre».
Para erradicar esta situación, abogó por «formar a los profesionales del ámbito sanitario para que no disuadan a las mujeres de poder ejercer sus derechos reproductivos». También apostó por «eliminar las relaciones de poder entre pacientes mujeres y profesionales sanitarios y dar los apoyos a las mujeres que quieran ejercer la maternidad».
Precisamente, en un acto organizado este jueves por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, pidió «perdón» a todas las mujeres y niñas con discapacidad que sufrieron la esterilización forzada antes de que se prohibiera esta práctica en diciembre de 2020.
REPERCUSIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL
Por otro lado, una mayor inclusión de las mujeres con discapacidad en el mercado laboral supondría un incremento de casi 7.300 millones de euros en el PIB español (el equivalente al 0,6% del PIB de 2019), según se desprende del último informe del clúster ClosinGap, que analiza la brecha de género en la discapacidad y que ha sido elaborado por Grupo Social ONCE en colaboración con Afi e ILUNION.
Esta cifra representa el 40% de los 18.800 millones de euros (el 1,5% del PIB) que sumaría la economía española cada año de producirse una mayor inclusión laboral de las personas con discapacidad en general.
Fundación Eurofirms revela en otro estudio, para el que encuestó a 750 personas empleadas con discapacidad en 2021, que un 44% de las personas con discapacidad no se sienten actualmente incluidas en su lugar de trabajo y citan aspectos como la accesibilidad, la bienvenida, el reconocimiento laboral y del desempeño, los líderes y equipos de trabajo, el lenguaje inclusivo y el trato adecuado.
Este sondeo, que se incluye en el informe ‘Entornos laborales inclusivos’ elaborado por la misma entidad, revela que el 67% de las personas con discapacidad se siente como parte del equipo. Sin embargo, 6 de cada 10 personas con discapacidad percibe que no tiene líderes inclusivos, el 60% de las personas empleadas considera que no puede mostrar su potencial y el 56% dice no sentirse reconocido. Por ello, Fundación Eurofirms lanza la campaña #IgualdeDiferentes #IgualdeProfesionales.
Las barreras también aparecen en el día a día, como revela el informe ‘Accesibilidad, elemento clave de la vivienda’ elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios, en el que se analiza el estado actual de 25,8 millones de viviendas y en el que se revela que, en España –donde existen 9,8 millones de edificios destinados a viviendas (según datos del INE)– un 63% no son accesibles de la calle al portal debido a la presencia de escaleras, el 28% tienen rampa y un 22% carece de ascensor.
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