MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
ONG humanitarias han reclamado a los responsables políticos, coincidiendo con el Día Internacional del Refugiado que se celebra este domingo 20 de junio, que protejan el derecho al asilo de las personas migrantes y, especialmente, el de los menores.
Cáritas Europa ha mostrado su preocupación por una situación en la que, a su juicio, el asilo «está amenazado», con el cierre «cada vez mayor» del acceso a los territorios o con la práctica de «rechazos ilegales y de manera violenta» en las fronteras a personas que, advierten, «buscan protección y una vida mejor en Europa.
«Todas las fronteras exteriores de la UE están siendo escenario de vulneraciones de derechos humanos», denuncia la ONG, que ha denunciado prácticas violentas hacia los migrantes, como desnudarlos, abandonarlos en bosques, darles palizas o practicarles torturas, propiciar el ataque de los perros o destruir sus pertenencias, entre otras muchas que se han recogido del testimonio de sus protagonistas.
«Como subraya acertadamente el Papa Francisco, la globalización de la indiferencia debe cesar y los países europeos deben respetar los derechos y la dignidad de las personas en movilidad», ha señalado la secretaria general de Cáritas Europa, Maria Nyman. A su juicio, las «acciones concretas tienen que reemplazar las meras intenciones para poner fin a los rechazos y la violencia, y respetar y defender la Convención sobre los Refugiados, así como los valores en los que se basa la UE».
En este sentido, la ONG recuerda que la migración «puede contribuir positivamente al desarrollo socioeconómico» del continente, al «reto demográfico y al enriquecimiento» de las comunidades. Por eso, pide a los gobiernos que «repiensen su indiferencia» hacia este tema y pongan en marcha medidas que «protejan, promuevan, acojan e integren a las personas en situación de movilidad».
LA VIOLENCIA DEL HAMBRE
También Acción Contra el Hambre ha denunciado la situación de estas personas y, especialmente, sobre «la violencia que genera el hambre y mitigar los efectos de los conflictos a través de la seguridad alimentaria».
El director de Relaciones Institucionales de Incidencia de la entidad, Manuel Sánchez-Montero, ha explicado que, la correlación entre violencia y hambre supone que, en la actualidad, haya más de 26 millones de personas refugiadas en el mundo, y que tres de cada cuatro estén atrapadas en situaciones de desplazamiento prolongado, dependiendo de la ayuda humanitaria para alimentarse y tener las condiciones mínimas de saneamiento.
«Cuando esta situación se alarga en el tiempo, a menudo se generan tensiones con la población de acogida. Además, en numerosas ocasiones, las partes en conflicto utilizan los cultivos como táctica militar, aplicando una política de ‘tierra quemada’ o practicando el robo de ganado», ha advertido la ONG.
«A ello se une la destrucción de las vías de comunicación, uno de los primeros objetivos militares en una guerra, lo que interrumpe el abastecimiento de poblaciones enteras. Los campesinos tampoco pueden sacar sus productos a la venta en entornos amenazados por la violencia. Por todo ello, es habitual que las guerras disparen también la inflación, rompiendo los mercados nacionales», explica Sánchez-Montero.
Ante esta situación, Acción contra el Hambre llama a promover la seguridad alimentaria como factor que contribuye a la estabilidad y construcción de paz.
En el caso de Accem, argumentan que hacer efectivas las vías seguras reduciría sensiblemente el sufrimiento asociado a la dureza y la peligrosidad de las rutas migratorias, que se cobran cada año miles de muertes y desapariciones por lo que piden que las vías legales y seguras sean una realidad ya que, como señalan, la ruta migratoria atlántica hacia las Islas Canarias y la ruta del Mediterráneo Central, ambas desde las costas de África, fueron las que provocaron más personas muertas y desaparecidas en 2020.
Junto a la habilitación urgente de vías seguras, ven necesario reforzar el acceso al procedimiento de asilo para asegurar la posibilidad de solicitar protección internacional a las personas que llegan a las mismas puertas de Europa.
En su opinión, este acceso al procedimiento debe producirse con todas las garantías de un asesoramiento jurídico personalizado con la asistencia de un servicio de traducción e interpretación y deben disponerse los medios necesarios que permitan la detección, identificación y reconocimiento de vulnerabilidades en los flujos migratorios, situaciones que deben resolverse desde un enfoque de derechos humanos.
PETICIONES ESPECÍFICAS PARA MENORES
Otro de los puntos que más preocupan a las organizaciones es la de los menores. En este caso, Save the Children ha pedido a las autoridades que dediquen más recursos para que exista personal capaz de aplicar un enfoque de infancia en la atención a personas recién llegadas al país.
«Con ello se podrá identificar las necesidades de protección internacional de la infancia susceptible de recibir asilo», han señalado.
La organización pide además que haya un equipo de profesionales especializados que acompañe a los niños y las niñas durante todo el procedimiento y que se incluyan servicios que los ayuden a superar las vivencias que han condicionado su desarrollo personal y su bienestar psicosocial.
Del mismo modo, Save the Children reclama que los niños y las niñas que llegan a Ceuta, Melilla o Canarias con sus familias puedan acceder al sistema de acogida peninsular en igualdad de condiciones y con la mayor brevedad posible.
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