MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha rechazado este martes que se le pueda imputar vulneración de derechos con el trato dado a los presos, tampoco con los de la banda terrorista ETA, recordando que «ya no hay política de dispersión» y que los condenados por terrorismo están en prisiones a 200 kilómetros como máximo de sus residencias y clasificados en segundo grado o régimen ordinario.
Grande-Marlaska ha respondido de esta forma a preguntas de la senadora Almudena Otaola, que ha sostenido que «España suspende en derechos humanos», citando las recomendaciones del Comité para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) del Consejo de Europa, tras la visita que realizó a España en septiembre de 2020.
«Nuestra tolerancia ante cualquier vulneración de derechos humanos es cero», ha señalado Grande-Marlaska, en respuesta al tratamiento dispensado a los menores y las mujeres por parte de la administración penitenciaria. El PNV ha mencionado el acercamiento de presos de ETA y el ministro ha recordado que «ya no hay política de dispersión sino tratamiento individualizado».
En este sentido, ha dicho que «todos los presos de la organización terrorista ETA se encuentran a menos de 200 kilómetros de su residencia y en segundo grado». «Nosotros cumplimos la ley», ha dicho a la senadora del PNV, «si el ejemplo es el de la organización terrorista ETA, usted misma conoce que no es la realidad de imputaciones de ese tipo».
En dicho informe en respuesta al CPT del Consejo de Estado, Interior defendía su «adecuado cambio de política penitenciaria» con el acercamiento de presos de ETA, explicando que, a fecha de 17 de junio de 2021, quedaban sólo 19 dirigentes de la banda terrorista cumpliendo condena en prisiones situadas a más de 200 kilómetros de Euskadi. Con el Gobierno de Pedro Sánchez, en tres años se ha pasado de 212 internos en régimen cerrado a ocho, y de sólo uno en régimen abierto a un total de 14.
BUEN HACER DE LOS FUNCIONARIOS
Grande-Marlaska ha defendido que el Gobierno está «firmemente comprometido» con el respeto de derechos fundamentales, en especial personas privadas libertad, y que si existen casos de vulneración de tales derechos son «absolutamente excepcionales», gracias al «buen hacer» de los 23.000 trabajadores penitenciarios.
Según él, esto mismo fue reconocido por el Comité del Consejo de Estado contra la tortura. «Somos un referente internacional en materia de Instituciones Penitenciarias, en materia de prisiones para mujeres y unidades de madre», ha expuesto el ministro.
Grande-Marlaska ha repasado las diferentes instrucciones y protocolos aprobados desde 2018 para «fortalecer» los mecanismos de buenas prácticas y sobre denuncias, citando la próxima publicación de una en materia de videovigilancia y el apoyo expreso a los equipos directivos para «reforzar» la vigilancia en incidentes regimentales o por el uso de medios coercitivos.
- Te recomendamos -
