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Las organizaciones sin fines de lucro están pidiéndole al Gobierno que acelere la tramitación de la reforma de la Ley de Mecenazgo por medio de un decreto-ley

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MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

El sector fundacional, formado por más de 10.000 entidades, reclamó este martes al Gobierno que “tramite ya” la reforma de la Ley de Mecenazgo mediante un decreto-ley.

La Asociación Española de Fundaciones (AEF) recordó que la ley de reforma del mecenazgo ha quedado sin aprobar debido al adelanto de las elecciones generales del próximo 23 de julio.

Dicha reforma, aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 26 de abril con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y la abstención de Vox, se encontraba en trámite de aprobación en el Senado, previsto para el miércoles 31 de mayo. “Gracias al consenso generado en la Cámara Baja, no se esperaba ninguna enmienda en la Alta, sólo algún ajuste técnico. Sin embargo, con el anuncio de las elecciones para el 23-J y la disolución de las Cámaras, decaen todos los proyectos legislativos que no hayan superado ambas tramitaciones”, explicó la AEF.

Indaica que, en este escenario, la única posibilidad de que la reforma del mecenazgo salga adelante es que el Gobierno la tramite mediante un decreto-ley, una petición que exigen las entidades no lucrativas dado el carácter económico de esta norma. Las entidades contaban con ella para formular sus presupuesto de 2024.

Para el presidente de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), Javier Nadal, “siendo realistas, retomar esta reforma significará volver a iniciar el trámite parlamentario lo que llevaría más de un año y retrasaría su entrada en vigor al menos hasta 2025. Se trata de una reforma de nueve artículos que tiene sin embargo un impacto positivo para el sector”.

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Desde la Asociación Valenciana de Fundaciones, su secretario general Ignacio Soler Serrano, afirma que la actual situación, más que una paralización, es un “volver a empezar” inaceptable, “que frustra nuevamente las expectativas de un sector desatendido por el poder político salvo en períodos electorales”.

Por su parte, la directora de la Fundació Catalunya Cultura, Maite Esteve, pidió que la reforma se apruebe por vía de un real decreto-ley, «ya que los beneficiarios son entidades que trabajan en entornos de máxima necesidad y que sustentan el Estado del bienestar. Con la modificación legislativa se daba un gran paso adelante que venía de un consenso político total, pero no desfalleceremos porque la sociedad española se merece una ley de mecenazgo digna”.

La AEF añadió que es una reforma “largamente esperada que conseguía avances no sólo cuantitativos (deducciones) sino cualitativos. Se incorporaban a nuestro ordenamiento nuevas figuras del mecenazgo que ya existen en otros países, como el mecenazgo de recompensa, muy relevante para el sector cultural, el mecenazgo de competencias, reconociendo a los profesionales y empresas que dedican su tiempo, y una sustancial mejora del micromecenazgo, tan importante para tantas ONG y para proyectos financiados por múltiples colectivos de ciudadanos, que más genuinamente contribuyen a crear sociedad civil”.

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Eugènia Bieto, presidenta de la Coordinadora Catalana de Fundaciones, añade que “la ley que se iba a aprobar aportaba avances de gran impacto como el incremento de la base de deducción en las donaciones de las personas físicas, que pasaría de 150 a 250 euros, o la incorporación de la donación de servicios, cambios que contribuirían a mejorar la financiación de las organizaciones que trabajan para el bienestar de la ciudadanía”.

Todo ello se hacía posible mediante la reforma de solo nueve artículos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo que solo había tenido una única reforma en 2015.

“Por tratarse de una ley de claro carácter económico y presupuestario, básica para la financiación de varios sectores en situación crítica que impactan en un importantísimo porcentaje del PIB español y dado que la atención a los fines de interés general no para, consideramos que existen razones técnicas para que esta modificación se incorpore a alguno de los decretos ley que se tramitarán para continuar con la acción de gobierno”, sostiene la AEF.

Agrega que esta reforma normativa “es un importante paso en el reconocimiento de la imprescindible labor que las entidades no lucrativas (ENL) llevan a cabo en España para cumplir los fines de interés general. Cuando hablamos de filantropía y mecenazgo hablamos de investigación de enfermedades, de inversión en educación y en cultura, de proyectos medioambientales, de inclusión de personas con discapacidad y de otras muchas actividades que mejoran la vida de la ciudadanía. Las ENL llevan a cabo una actividad social fundamental y necesaria porque contribuyen a cubrir necesidades esenciales no atendidas ni por el sector privado ni por el sector público. Son la expresión de la acción filantrópica, del compromiso, del altruismo y de la sensibilidad individual y social”.

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Según Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector, “el mecenazgo es una forma de fomentar la cohesión social, logrando una mayor participación privada en actividades de interés general y, por consiguiente, generando, fortaleciendo y articulando más la sociedad civil”.

La AEF destaca que sólo el gasto de las Entidades no Lucrativas (ENL) en actividades de interés general alcanza casi los 17.000 millones de euros y, en el caso de las fundaciones, en los últimos 12 años se ha multiplicado por 2,45 el número de beneficiarios finales y directos de sus actividades de interés general. Se estima que el total del sector fundacional en España genera más de 27.000 millones de euros de valor añadido en 2020 (2,4% PIB), y más de 550.000 puestos de trabajo, 3,4% del total de puestos de trabajo de jornada completa de la economía española. En 2022 colaboraron con alguna entidad el 39% de la población mayor de 18 años, concluye.


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