MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Geir Pedersen, ha condenado «enérgicamente» este lunes el ataque ejecutado el sábado contra un hospital en la localidad siria de Afrin, que se saldó con más de 20 muertos, según el balance facilitado por el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
«Tales ataques espantosos contra civiles e infraestructura civil, incluidos los centros de salud y los trabajadores, son inaceptables y deben cesar», ha expresado Pedersen en un comunicado que ha aprovechado para reiterar «el llamamiento del secretario general, António Guterres, a la rendición de cuentas por los crímenes cometidos en Siria».
Asimismo, ha vuelto a incidir en la «importancia de poner en marcha un alto el fuego a nivel nacional en Siria y un esfuerzo renovado para avanzar en la aplicación de la resolución 2254 (2015) del Consejo de Seguridad».
El Observatorio, con sede en Londres e informantes en el país, elevó el domingo a 21 el número de muertos en el ataque, incluidos 17 civiles –entre ellos dos niños–. Así, señaló que los otros cuatro fallecidos son tres miembros de una facción armada y un policía.
Asimismo, el organismo indicó que miembros de la Policía y el Ejército, bajo las órdenes de los servicios de Inteligencia turcos, se desplegaron en el hospital y sus alrededores e impidieron a medios de comunicación y activistas estar presentes en los primeros momentos después del ataque.
Las autoridades de Turquía han acusado del ataque a la milicia kurda Unidades de Protección Popular (YPG), integradas en las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), si bien las FDS han negado «categóricamente» cualquier tipo de papel en lo sucedido en el hospital de Afrin.
El cantón de Afrin fue arrebatado por Turquía y sus aliados sirios a las YPG en marzo de 2018 como consecuencia de la ‘Operación Rama de Olivo’, una ofensiva lanzada por Turquía junto con efectivos del Ejército Libre Sirio (ELS).
Las YPG son la columna vertebral de las FDS, que cuentan con el apoyo de Estados Unidos. Sin embargo, Turquía considera a las YPG una filial del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y por tanto una organización terrorista.
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