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La fiscal general de Perú denuncia constitucionalmente a Boluarte por las muertes en las protestas

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Benavides niega que vaya a dimitir y considera que las investigaciones en su contra intenta desestabilizar la Fiscalía

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, ha anunciado este lunes que ha presentado una denuncia constitucional ante el Congreso andino contra la presidenta, Dina Boluarte, y varios miembros de su gabinete, acusados de homicidio calificado por las muertes durante las protestas antigubernamentales.

Benavides ha señalado que continúan las investigaciones contra todos los altos funcionarios sospechosos de ser responsables de las muertes que tuvieron lugar tras la toma de poder de Boluarte, ya que «no se debe permitir la muerte de ningún peruano y peruana», así como «tampoco el abuso de poder», informa el periódico ‘Gestión’.

El resto de investigados son el primer ministro peruano, Alberto Otárola, y los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero.

Tras conocer la noticia, Boluarte ha calificado de maniobra política la denuncia presentada en su contra por Benavides, y ha asegurado que esta acusación pretende distraer la atención de las imputaciones contra la fiscal, recoge la agencia de noticias Andina.

«Expresamos nuestra condena ante tan deleznable maniobra política con la que utilizando indebidamente la memoria de compatriotas fallecidos se pretenda distraer la atención de una denuncia gravísima contra la propia fiscal de la nación que tiene que responder ante las instancias correspondientes de manera clara y precisa», ha indicado.

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Asimismo, ha pedido que las investigaciones se realicen «con absoluta transparencia, objetividad, celeridad y respetando el debido proceso legal», mientras que ha hecho un llamamiento a las autoridades y la sociedad civil a «defender el Estado de derecho, la estabilidad económica del país y los derechos fundamentales».

«Mi Gobierno ratifica el compromiso de la lucha frontal contra la corrupción y esta debe ser sin injerencias ni presión política como se pretende indicar para distraer o cambiar la noticia sobre asuntos de corrupción que llegarían hasta la fiscal de la nación», ha declarado.

BENAVIDES NO DIMITIRÁ

La fiscal ha realizado estas declaraciones durante un discurso en el que ha negado que vaya a dimitir tras la investigación abierta por una presunta trama de tráfico de influencias que estaría liderada por ella y que implicaría a tres de sus asesores.

En este sentido, ha calificado las pesquisas en su contra como «un acto torpe» de intentar desestabilizar la independencia y autonomía del Ministerio Público «utilizando» a algunos fiscales «para tan deleznable propósito».

«Como fiscal de la nación no permitiré que esa presión e injerencia externa haga caer el trabajo de tantos fiscales comprometidos con esclarecer los hechos y encontrar a los verdaderos responsables», ha aseverado, al tiempo que ha denunciado que el Ministerio Público ha sido «objeto de ataques premeditados de quienes se oponen a la labor que la ley» les «encarga, luchar contra la impunidad y la corrupción orquestada en las más altas esferas del poder».

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Así, ha subrayado que el «Ministerio Público tiene a su cargo la investigación de casos de máxima relevancia en la que los implicados son personas que van a intentar utilizar todo su poder para obstruir el avance de la justicia». «Hoy es un día difícil, pero es fundamental la lucha contra la impunidad, contra la corrupción y contra los poderosos que no quieren que nuestro país se haga justicia», ha agregado.

La operación ‘Valkiria V’ investiga una supuesta trama encabezada por Benavides y en la que también participarían Abel Hurtado Espinoza, Miguel Ángel Girado Isidro y Jaime Villanueva Barreto, quien ha sido detenido este lunes. Según la acusación, habrían influido de manera irregular para la designación de una serie de puestos.

Entre estos movimientos están la destitución de varios miembros de la Junta Nacional de Justicia, la designación del Defensor del Pueblo Josué Gutiérrez y la inhabilitación de Zoraida Ávalos como fiscal general en marzo de 2022.

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De hecho, Ávalos se ha manifestado al respecto de estas últimas afirmaciones y ha denunciado que su inhabilitación estuvo impulsada por motivos políticos y que detrás de aquella operación estaba la fiscal Benavides. «Hoy queda evidenciado lo que yo venía manifestando hace meses de que mi inhabilitación respondía a temas de carácter político, y que detrás de mi inhabilitación estaba la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su entorno más cercano», ha denunciado la anterior fiscal peruana.

Durante la operación se ha intervenido en un total de seis inmuebles en los distritos de Cercado de Lima, La Molina, El Agustino y Jesús María, entre sedes de la Fiscalía y oficinas y domicilios particulares de algunos de los señalados, todos ellos en la capital peruana.

La operación está liderada por el coronel de la Policía, Harvey Colchado, y la fiscal Marita Barreto, quien ha sido destituida de su cargo por la propia Benavides antes de que se pusiera en marcha este operativo. Ella es la encargada también de liderar las investigaciones en contra del expresidente Pedro Castillo.


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