Sostiene que no hubo orden concreta de investigar al exministro
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
Margarita García Valdecasas, quien fuera inspectora jefe de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) en el momento en el que arrancó la ivestigación sobre el posible incremento ilícito del patrimonio del exministro Rodrigo Rato, ha defendido este martes que en los registros que se realizaron en 2015 los funcionarios de su equipo discriminaron la documentación que no era relevante para la causa.
En una nueva sesión del juicio contra Rato que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid, este martes ha sido el turno de García Valdecasas, jubilada desde 2016, quien durante el interrogatorio de la defensa de quien también fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado en repetidas ocasiones que ella no estaba encima, en el detalle, de esa investigación y que no arrancó por orden suya sino en base a un expediente.
A pesar de que en la mayoría de sus respuestas ha confesado no acordarse de nada ya debido al tiempo transcurrido, sí que ha tratado de razonar el modo de actuar normal de los funcionarios de ese cuerpo, y sí que ha aseverado con rotundidad que en el caso de los registros del domicilio y empresas de Rato sólo se llevaron lo que era necesario y por tanto hubo discriminación de documentos.
Esto choca frontalmente con lo sostenido por la defensa del exministro, la abogada María Massó, que en cuestiones previas indicó que se vulneró el derecho a la defensa y la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y el secreto profesional en esos registros.
García Valdecasas ha indicado que en los mismos, que ella presenció en persona porque dirigía a sus funcionarios de la ONIF, fueron buscando lo que no tenían ya por otras fuentes internas, y ha apostillado que siempre que ocurre que por error se llevan algo que no comprende el auto judicial “se saca”.
El interrogatorio sobre la actuación concreta de los funcionarios ha sido tan pormenorizado que en un momento dado, la ex jefa de la ONIF ha espetado: “No recuerdo, no me ponga una pistola en la cabeza”.
A pesar de las frecuentes lagunas en su memoria sobre los hechos, sí que ha podido confirmar que en el caso de Rato “toda la documentación incautada quedó en la oficina” –ONIF– y que cada vez que los investigadores querían abrir una caja debían contar con la presencia de la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ), negando así cualquier irregularidad en la cadena de custodia.
LOS INICIOS DE LA INVESTIGACIÓN
Por otro lado, la defensa de Rato se ha interesado por el origen de la investigación a su representado, ante lo que García Valdecasas ha explicado que todo parte de un expediente de inspección abierto a raíz de noticias de prensa.
Al respecto, ha negado que ni ella ni nadie diera orden ‘ex profeso’ para investigar al exministro –“yo no impulsaba”– y que basicamente cursaba los expedientes. “No lo ordeno (…), salió en los cruces del expediente, en un expediente hay muchos contribuyentes”, ha apuntado.
Así, ha insistido en que ella tenía la labor de coordinar la oficina, pero que “jamás seleccionaba a nadie”. “Me traen un expediente de investigación de Rato con indicios, y proponen –denuncia–, se realiza y se sigue adelante”, ha explicado.
En cuanto a las fuentes que usaron para redactar el informe de riesgos que luego dio pie a la denuncia de la Fiscalía, ha señalado que es casos así es habitual no requerir información a terceros “para evitar filtraciones”. Con todo, ha defendido que las fuentes de las que hace uso la Agencia Tributaria para impulsar esos informes “ya son muchas”.
SACARON LAS CARPETAS CON “VIOLENCIA”
En el día de hoy también ha declarado Nelia Illanez, exempleada de empresas de Rato, que estuvo presente en esos registros de 2015 y que ha explicado que cuando llegó la comitiva a la oficina de la calle Castelló “empezaron a abrir armarios, a sacar carpetas de manera violenta, lanzándolas y luego metiendo todo en cajas”. “Una señora anotaba, pero yo no daba abasto para apuntar, porque quería hacer mi propio inventario para saber que me faltaba para el trabajo”, ha recordado.
Por otro lado, a preguntas de la Fiscalía ha defendido que la agencia de publicidad de Rato denominada Cor Comunicación tenía actividad real dado que trabajaba con grandes bancos como La Caixa o Santander y energéticas como Endesa en asuntos publicitarios. Así, ha explicado que a su vez esa empresa tenía relación con otra serie de empresas subcontratadas en las que se apoyaba para revisar por ejemplo que los anuncios que manejaban ellos salían tal y como estaba previsto en determinados medios.
Sobre los movimientos entre Kradonara, la empresa vinculada a Rato y sobre la que se sospecha que fue usada en ese entramado societario para blanquear el dinero que llegaba del extranjero, y la mercantil Albisa –propiedad del imputado Alberto Portuondo–, ha negado haber tenido conocimiento de facturas entre ambas, pero sí ha subrayado que supo de la existencia de los informes ‘macro’ del exministro para Telefónica ya que ella en ocasiones editaba o imprimía los textos que le enviaba Rato.
También ha reconocido que se subarrendaba la oficina de la calle Castelló a otra empresa denominada Arada –de la que sospecha Fiscalía que fue usada también para “difuminar el origen del dinero”–.
Durante el interrogatorio, el Ministerio Público le ha ido preguntando por multitud de sociedades relacionadas con Rato y por el patrimonio que mantenía presuntamente en paraísos fiscales, y en un momento dado ha señalado que puede ser que llegara a tener conocimiento de alguna de ellas.
“Puede ser porque eran tantos nombres…”, ha llegado a espetar la empleada que tenía responsabilidades de secretaria y que incluso llegaba a realizar transferencias por orden de Rato y con sus claves bancarias.
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