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La defensa de Béjar pide al juez del caso Villarejo que BBVA deposite en sede judicial copia íntegra de sus servidores

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Quiere «evitar la pérdida, destrucción o daños de las evidencias digitales que constituyen elementos probatorios»

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La defensa del exdirectivo de BBVA Antonio Béjar, imputado en la pieza relativa a los trabajos del comisario Villarejo para esta entidad bancaria, ha solicitado al magistrado que instruye la causa que requiera al banco una copia íntegra de los servidores en los que se alojan todos los correos electrónicos relacionados con la causa para que sean depositados y custodiados en sede judicial.

Este escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, llegaba una semana antes de la nueva declaración de Béjar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6. La defensa del exdirectivo quiere con esta nueva petición «evitar la pérdida, destrucción o daños de las evidencias digitales que constituyen elementos probatorios, tanto de cargo como de descargo, de este proceso».

Además, el escrito responde al auto de 20 de octubre en el que el magistrado denegaba las diligencias que pedía esta parte, entre las que solicitaba tener acceso a la totalidad de la correspondencia albergada en los correos corporativos, tanto de BBVA como en Castellana Norte SA (empresas en las que fue cesado el investigado con posterioridad a su imputación formal en la presente causa) habida cuenta de que la parte del ‘forensic’ realizado por PwC solamente recogía parte de la correspondencia.

El juez, señaló entonces que el informe ‘forensic’ –documento de investigación interno que las grandes empresas suelen contratar con auditorías externas– encargado a PwC era «una actuación realizada por la propia entidad, no ordenada por este magistrado», y añadía que en su caso sería objeto de valoración cuando llegara el momento procesal oportuno.

Así, entendía que debía desestimar cualquier actuación encaminada a «corregir, incluir o eliminar criterios de búsqueda sobre este forensic», máxime cuando en ese mismo auto García-Castellón acordaba poner en manos de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional los documentos recabados por la consultora PwC para el informe.

De esa forma, el magistrado tomaba las riendas del análisis de los documentos facilitados por el banco. Se trata de 2,3 millones de coincidencias (hits) que halló el departamento de forensics de la consultora al buscar entre todo el material facilitado por la entidad –a través del despacho Garrigues– aplicando determinadas palabras clave.

EL CRIBADO DE DATOS PREVIO

La defensa de Béjar pone el foco además en el hecho de que los letrados del BBVA realizaron un cribado previo de los datos que aportaría a PwC para su ‘forensic’. Y apunta que el informe y los anexos elaborados por la consultora «no han sido objeto de protocolización notarial ni de fe pública de ningún tipo», algo que a su juicio «impide comprobar, entre otras cosas, la integridad, identidad e indemnidad entre los documentos analizados y los que efectivamente obran en los servidores de BBVA».

Igualmente, la defensa del exdirectivo explica que antes de ser investigada en este proceso, BBVA aportó una selección de documentos y correos electrónicos que sirvieron como base para atribuir a su cliente la condición procesal de investigado. Por este motivo, solicitan de nuevo que se incorpore a la causa otra serie de correos relativos a Béjar, que si bien contaron informe favorable del Ministerio Fiscal, fueron denegados por el juez –la defensa ha recurrido ya solicitando la reforma de esa resolución–.

Al hilo, incide en que lo que ha aportado BBVA a PwC y lo que aportó previamente la entidad a la causa es sólo «una parte de todos los elementos que albergan los servidores de correo y bases de almacenamiento digital que obran en poder de la entidad bancaria» por lo que reiteran que hoy por hoy es «imposible comprobar la identidad, integridad e indemnidad de la muestra previamente seleccionada y aportada, con los originales que albergan los servidores».

Y recuerdan que los servidores habitualmente suelen realizar borrados periódicos de archivos antiguos para liberar espacio de almacenamiento, lo que entraña «un riesgo de destrucción de elementos probatorios de estas actuaciones».