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La Comisión de Sanidad y Consumo del Senado aprueba instar al Gobierno a prohibir los 902 en atención al cliente

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MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Sanidad y Consumo del Senado ha aprobado este martes instar al Gobierno a que cumpla, en un plazo de seis meses, con su anuncio de modificar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU), para suprimir o eliminar definitivamente las numeraciones 902-901 en los servicios de atención al cliente y que sean sustituidas por teléfonos gratuitos o por líneas convencionales con prefijos geográficos, sin perjuicio para los consumidores y usuarios.

El pasado mes de septiembre el Gobierno informaba de que está preparando una modificación legislativa para prohibir en los servicios de atención al cliente el uso de cualquier número de tarificación adicional, entre los que se incluyen los que usan el prefijo 902, los más extendidos actualmente.

La senadora del Grupo Parlamentario Popular (GPP) Paloma Sanz ha sido la encargada de defender la moción, así como una enmienda de modificación de la misma. La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de PP, PNV y Vox, y la abstención del PSOE.

Durante su intervención, la parlamentaria ‘popular’ ha explicado que, “en España, las tarifas llamadas ilimitadas se han hecho muy populares en los últimos años” y ha señalado que “con la explosión del uso de los datos móviles, la voz ha pasado a un segundo plano y ha sido ahí cuando los operadores han abaratado las tarifas planas en llamadas desde el móvil”.

No obstante, Sanz ha avisado de que “ninguna” de esas tarifas incluye llamadas a números de tarificación adicional, como los 902 y 901. “Ese tipo de números siempre han estado en el punto de mira por haber sido en muchas ocasiones una vía de aplicación de costes elevados”, ha subrayado.

“Aunque ni los 902 ni los 901 fueron diseñados para que las empresas sacasen beneficios con las llamadas, la realidad es que las compañías telefónicas incentivan a las empresas para que los usen, ya que les reportan ingresos adicionales, pues el coste de llamar a una de estas numeraciones desde un móvil es hasta seis veces superior al coste desde un teléfono fijo”, ha afirmado.

En este sentido, ha añadido que el 2 de marzo de 2017 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió que los números 902 no se pueden utilizar para la prestación de Servicios de Atención al Cliente (SAC) y que las empresas que actualmente dispongan de un servicio de Atención al Cliente bajo numeración 902-901 deberán modificarlo por una línea 900 gratuita, o por un número geográfico, generalmente incluido en la tarifa plana de la mayoría de usuarios o, en su defecto, con un coste de tarificación básica.

“La realidad es que los usuarios y consumidores se siguen quejando de los costes abusivos que tienen que pagar por el servicio telefónico de atención al cliente del 902-901, por lo que es imprescindible suprimir estas numeraciones”, ha remarcado.

En el turno de portavoces, el senador de Vox José Manuel Marín se ha mostrado de acuerdo con la incitativa y ha argumentado que “los españoles ya están bastante saturados de impuestos, tasas, gastos, impedimentos para trabajar, cuotas de autónomos, etcétera” y ha agregado que los usuarios “tienen que pagar extra por llamar al servicio de atención al cliente”.

Además, Marín ha criticado que las compañías “resultan ser empresas, en cuyos consejos de administración, terminan expresidentes del Gobierno, ministros y secretarios de Estado y cuyos sueldos millonarios tiene que asumir también los clientes”.

Por su parte, el senador de Compromís Carles Mulet ha puesto de relieve que este tipo de teléfonos de pago “no es un fenómeno exclusivo desde la evolución de los teléfonos móviles”. “Ya cuando el PP estaba gobernando era habitual que sin tener teléfonos móviles las personas usuarias tuvieran que pagar por atención en el 902, no únicamente por parte de empresas privadas, sino también por parte de los Ministerios y la administración pública”, ha recordado.

De este modo, el senador de Compromís ha indicado que “está bien lo que se propone” por parte del PP, pero le ha pedido “coherencia”. “Su propuesta no aporta nada nuevo”, ha zanjado Mulet, al recordar que el Ministerio de Consumo ya tiene esta cuestión en su agenda.

En último lugar, el representante del PSOE, Alfonso Escudero, ha comentado que el Ejecutivo ya ha comenzado dar “los primeros pasos” en la reforma de la ley y ha añadido que la propuesta del Gobierno es “mucho más ambiciosa”, ya que introduce el concepto de persona consumidora vulnerable y modifica algunos aspectos del régimen de comprobación y servicios de atención al cliente. Así, ha acusado al PP de “oportunismo” e “incoherencia”.