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IU pide al tribunal que no agrupe a las acusaciones populares en el juicio por el pago de la obra de la sede del PP

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Lo pidió el PP, presente en esta causa en calidad de responsable civil subsidiario, al entender que había convergencia de intereses

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Izquierda Unida (IU) ha dirigido un escrito a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que solicita que desestime la petición del PP de que se agrupe a las seis acusaciones populares en un sola para el juicio que se celebrará desde el 8 de febrero por el pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la presunta ‘caja B’.

Los ‘populares’ señalaban en su escrito que todas las acusaciones populares presentan «una clara convergencia de intereses», pero IU indica que el objetivo del PP con esta maniobra es intentar dejar sin voz a las acusaciones populares en el próximo juicio.

De esta manera, IU advierte a la Audiencia Nacional de que el PP «desde el comienzo de esta causa ha jugado un papel alejado de la buena fe procesal, en una estrategia en la que su concepción de la acusación popular raya el abuso de derecho y el fraude de ley o procesal».

Y añaden que la petición de los ‘populares’, que llega «siete años después de haberse iniciado el proceso», carece no sólo de credibilidad y sentido de la justicia, «sino que resulta extemporánea e infundada».

Apuntan además que ya en 2013 tanto el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 que investigaba la causa principal de la que deriva este proceso como la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional decidieron no admitir al PP como acusación «por ser incompatible su posición de acusador con la de beneficiaria de los delitos investigados».

IU incide ahora en que el intento del partido de Casado de impedir que las acusaciones populares pueden trabajar con libertad en el próximo juicio sobre la ‘caja B’ del PP solo busca «dificultar la actuación de las acusaciones y tratar de obtener una mejor situación procesal, sin justificación alguna en ninguna supuesta dilación».

Y añade que «desde el principio de esta causa las acusaciones populares han sido un instrumento útil y leal a la hora de impulsar esta investigación, incluso en muchas ocasiones de forma más perspicaz, ágil y avanzada que el propio Ministerio Fiscal».

«NO HAY CONVERGENCIA DE INTERESES»

Además desde IU subrayan que «no existe una convergencia de intereses» entre las distintas acusaciones, como pretende hacer creer el PP, y lo argumenta en que las diferentes acusaciones han presentado distintas calificaciones de los hechos.

«Unas han calificado los hechos como delito de falsedad continuada en documento mercantil, otros de delitos contables continuados, otros de delitos continuados electorales, y otros aplican los concursos de delitos», dicen, para luego añadir que IU «a diferencia de otras acusaciones, también califica las conductas de algunos de los acusados como de tráfico de influencias y de organización criminal».

Así, entienden que «resulta clara la divergencia de estrategias de acusación y de planteamiento respecto al desarrollo incriminatorio y probatorio que debe tener el juicio oral, lo que no hace posible, ni conveniente, que a falta de menos de tres meses para el inicio del juicio se genere un absoluto caos en la acusaciones y en la forma en que deba realizarse el trabajo durante el juicio».

Al hilo, indica que unificar en este momento las acusaciones generaría «una notable distorsión procesal que ni es deseable ni sería entendida por la sociedad española, que está esperando el limpio desarrollo de un juicio con una notable repercusión social».

Recuerda también que la vista oral por la ‘caja B’ del PP coincidirá con el avance en la instrucción del caso ‘Tándem’, «que tiene por objeto depurar las responsabilidades penales derivadas de turbias operaciones políticas que, utilizando funcionarios y caudales públicos, tenían por objeto, supuestamente, entorpecer la investigación de la causa denominada ‘papeles de Bárcenas'».

JUICIO QUE SE ALARGARÁ DURANTE 4 MESES

El tribunal formado por los magistrados José Antonio Mora Alarcón, Fernando Andreu y María Fernanda García Pérez prevén celebrar más de 40 sesiones que se prologarán hasta finales del mes de mayo de 2021. En el banquillo se sentarán el extesorero del PP Luis Bárcenas, el exgerente ‘popular’ Cristóbal Páez, los socios de Unifica Gonzalo Urquijo y Belén García, y también la empleada de esta empresa Laura Montero, ya que las acusaciones populares ejercen acusación contra ella, a diferencia de la Fiscalía y Abogacía del Estado.

Asimismo, el PP también estará presente en la vista oral en calidad de responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que los demás acusados habrían cometido.

Parte de la expectación de este juicio llegará con las testificales, pues entre los comparecientes previstos están los expresidentes del Gobierno y ex líderes del PP José María Aznar y Mariano Rajoy, cuyas declaraciones han sido solicitadas por acusaciones populares y no por Anticorrupción.

En el caso de Aznar, será la primera vez que declare en la Audiencia Nacional para que explique qué sabe sobre la presunta contabilidad paralela de su partido. En cambio, Rajoy ya compareció ante este tribunal como testigo en el juicio por la primera época de la trama Gürtel.

También comparecerán los ex secretarios generales del PP Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal, así como el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, los exministros Federico Trillo, Jaume Matas y José María Michavila; y el expresidente del Senado Pío García Escudero, así como otros ex altos cargos del partido.