MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
Las autoridades de India han rechazado este jueves las acusaciones del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre una violación de las libertades y los Derechos Humanos en la Chachemira bajo control indio tras la detención de activistas y defensores de los Derechos Humanos como Khurram Parvez, un crítico con el Gobierno indio que ha sido acusado de terrorismo.
El portavoz del Ministerio de Exteriores, Arindam Bagchi, ha indicado en un comunicado que dichas declaraciones «carecen de base y son infundadas», además de constituir un ejemplo de una «falta absoluta de entendimiento» sobre el funcionamiento y los desafíos a los que se enfrenta India en la zona.
Bagchi ha indicado además que las referencias de la agencia de la ONU demuestran una «clara parcialidad por parte de esta». «Como país democrático con un gran compromiso para proteger e impulsar los Derechos Humanos de sus ciudadanos, India ha tomado las medidas necesarias para contrarrestar el terrorismo en la frontera», ha aseverado.
Así, ha defendido que las legislaciones como la Ley de Prevención de Actividades Ilegales (UAPA, por sus siglas en inglés), que ha sido duramente criticada por la ONU, han sido aprobadas con el objetivo de «proteger la soberanía india y garantizar la seguridad de sus ciudadanos». «Los consecuentes arrestos se han hecho en le marco de esta ley», ha afirmado.
«Las autoridades de India actúan contra cualquier violación de la ley y no contra un ejercicio legítimo de los derechos. Todas estas acciones se hacen de acuerdo con el marco legal, así que pedimos a la agencia de la ONU a comprender el impacto negativo del terrorismo en los Derechos Humanos», ha aclarado.
El portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Rupert Colville, expresó el miércoles que la ONU se encuentra «profundamente preocupada» por el arresto de activistas y defensores de los Derechos Humanos como Parvez.
En este sentido, ha recordado que en 2016 ya fue detenido en el marco de la Ley de Seguridad Pública y permaneció dos meses y medio bajo custodia después de que se le impidiera asistir al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Posteriormente fue puesto en libertad cuando el Tribunal Superior de Jammu y Cachemira resolvió que su detención era ilegal. «La UAPA da a las autoridades el poder de designar individuos y organizaciones como terroristas en base a un criterio impreciso y contiene definiciones vagas sobre lo que es un acto terrorista», ha denunciado Colville.
Colville ha lamentado, por otra parte, el aumento de ejecuciones extrajudiciales por parte de grupos armados en la zona. «Debe haber investigaciones rápidas, exhaustivas, transparentes, independientes y efectivas sobre todos los asesinatos de civiles, y se debe permitir que las familias lloren a sus seres queridos y busquen justicia», ha afirmado.
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