MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha pedido este viernes a la Asamblea Legislativa de El Salvador «archivar» la ley sobre «agentes extranjeros» propuesta por el Gobierno de Nayib Bukele, al tiempo que ha advertido de que la legislación tiene el objetivo de «sofocar» a la sociedad civil.
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, ha indicado que, desde que Bukele y su coalición «eliminaron prácticamente los frenos al poder ejecutivo, las organizaciones gubernamentales y los medios independientes son una de las pocas voces en El Salvador que están en condiciones de presionar al Gobierno para que rinda cuentas».
«De aprobarse este proyecto, el gobierno de Bukele tendrá un pretexto legal para intimidar o directamente impedir el trabajo de medios independientes y organizaciones de la sociedad civil», ha agregado. Según HRW, el proyecto es «la última de una serie de medidas del Gobierno de Bukele orientadas a intimidar y hostigar a organizaciones de la sociedad civil».
El 18 de mayo, los legisladores conformaron una comisión para investigar la asignación de los fondos públicos a las organizaciones no gubernamentales, en «un aparente esfuerzo por atemorizar a las organizaciones de la sociedad civil», recuerda la ONG.
La comisión, compuesta por legisladores del partido de Gobierno y aliados, no ha anunciado de forma pública ningún resultado, pero igualmente sus miembros han acusado a organizaciones no gubernamentales de ser «corruptas», sin ofrecer pruebas que sustenten esos señalamientos.
En septiembre de 2020, el Gobierno de Bukele anunció una investigación penal contra el prestigioso medio ‘El Faro’ por presunto «blanqueo de capitales». El anuncio, que el Gobierno no respaldó con pruebas, se hizo algunas semanas después de que ‘El Faro’ informara de que el presidente Bukele había negociado con la Mara Salvatrucha (MS-13), la mayor del país, para conceder privilegios penitenciarios a algunos de sus miembros a cambio del compromiso de bajar la tasa de homicidios y apoyar al partido político del presidente en las elecciones legislativas de febrero de 2021.
LA LEY DE BUKELE
El proyecto, que actualmente está siendo discutido en la Asamblea Legislativa, exige que las personas naturales o jurídicas que reciben fondos o apoyo del exterior se inscriban como «agentes extranjeros» ante el Ministerio de Gobernación.
Además, la ley limita ampliamente las actividades en las que pueden participar aquellas organizaciones y personas consideradas «agentes extranjeros». Reiteradamente, los partidarios de Bukele han utilizado su mayoría de dos tercios en la legislatura para adoptar medidas que socavan la independencia judicial y debilitan la rendición de cuentas.
El proyecto establece que quienes no cumplan con la ley serán sancionados con una multa o la cancelación de su personería jurídica. En concreto, esas personas o entidades podrían incurrir en «responsabilidades penales» por actos que «amenacen la seguridad nacional» u «otros (actos) debidamente comprobados». Asimismo, prevé un impuesto del 40 por ciento sobre «cada transacción financiera, desembolsos, transferencias», incluidas donaciones, que reciban del exterior las organizaciones consideradas «agentes extranjeros».
Asimismo, el proyecto estipula que quienes se registren como «agentes extranjeros» no podrán llevar a cabo «actividades para fines políticos» con el objetivo de alterar el «orden público» o que «pongan en riesgo o amenaza la seguridad nacional, la estabilidad social y política del país».
El proyecto se presentó tras un anuncio de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)el 4 de noviembre de 2021, sobre una «iniciativa a cinco años por 300 millones de dólares (cerca de 262 millones de euros) para empoderar a organizaciones locales en El Salvador, Guatemala y Honduras con el fin de que aborden los factores que propician la migración irregular» hacia el país norteamericano.
HRW ha documentado que otros países, como Rusia y Nicaragua, usaron leyes similares sobre «agentes extranjeros» para silenciar a la sociedad civil.
Por ejemplo, el proyecto de ley nicaragüense, aprobado en octubre de 2020, contiene disposiciones similares a las de El Salvador. En Nicaragua, la legislación estableció requisitos excesivos para las organizaciones no gubernamentales que deben registrarse ante el Ministerio de Gobernación y obligó así a algunas a suspender sus actividades en el país.
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