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Grupos armados han reclutado a 83 menores en Colombia en el marco de la pandemia de COVID-19

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MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo, ha alertado este martes de que grupos armados han reclutado a 83 menores de edad entre el 17 de marzo y el 30 de septiembre, en el marco de la pandemia de COVID-19.

Así lo ha hecho saber en un trabajo realizado por la Defensoría del Pueblo colombiana, que ha detallado que, de los 83 casos conocidos, de 23 se ha tenido constancia gracias a defensores comunitarios; otros 23 por oficinas de la Defensoría del Pueblo; de seis por organizaciones no gubernamentales; de dos por Naciones Unidas; y de los 29 restantes por otras entidades.

En un comunicado, el organismo colombiano ha precisado que 21 de estos menores han sido reclutados en Caquetá; 19 en Cauca; ocho en Putumayo; siete en Antioquia; y seis en Arauca. Además, se ha conocido que cuatro han sido reclutados en Chocó; tres en Amazonas y Córdoba, respectivamente; dos en Huila, meta, Vichada y Nariño y un caso en Bolívar, Boyacá, Cundinamarca y Tolima. Del total, un 80 por ciento ocurrieron en zonas rurales.

Las edades de las víctimas oscilan entre los ocho y los 18 años. De ellos, el 33 por ciento son menores de 14 años y un 59 por ciento son varones –49 en total–. Además, 20 son indígenas y dos afrodescendientes.

Respecto a los grupos armados autores del reclutamiento de estos menores, el informe revela que la mayoría ha sido obra de facciones de las disidencias de las FARC-EP, que han reclutado al 63 por ciento del total, 54 menores.

Tras estas se ubican el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con seis; grupos armados del crimen organizado, con cinco; grupos posdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con otros cinco; disidencias de Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR 36), con dos; y la Autodefensas Gaitanistas de Colombia, con uno. No se tiene información de diez de los casos.

OTROS DELITOS

Además del reclutamiento forzado, el trabajo se hace eco de otros delitos de los que son víctimas los menores de edad colombianos, como el desplazamiento forzado, con 18 casos; amenazas, 16; desapariciones forzadas, tres; violencia sexual, dos; lesiones personales, dos; y otros delitos, sufridos por 16 niños.

Así las cosas, Camargo ha pedido a los grupos armados que «respeten los Derechos Humanos de los colombianos» y «se acabe el flagelo del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes». «Mucho más cuando sus familias están afectadas por la pandemia en cuanto a su salud y a la falta de recursos económicos», ha agregado.

A juicio de la Defensoría del Pueblo, es necesario formular estrategias de «generación de ingresos» que contribuyan a la satisfacción de las necesidades básicas tanto de menores como de sus familiares y/o cuidadores.

Asimismo, consideran vital ampliar la oferta de oportunidades «desde la legalidad» que les permita generar proyectos de vida «posibles y adecuados» a sus expectativas, de manera que perciban más y mejores condiciones de protección contra las amenazas de los grupos armados ilegales.