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Fedea solicita una mayor exigencia en la selección de los dirigentes públicos y la consolidación de su autónomia

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Reclama además que pueda perderse un puesto logrado por concurso si el desempeño del empleado público no es satisfactorio

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha elaborado un informe sobre el proyecto de Ley de Función Pública en el que destaca la necesidad de aumentar el nivel de exigencia en la selección de los directivos públicos, de reforzar su independencia y de dotarles de mejores herramientas de gestión, aumentando su capacidad de premiar el buen desempeño del personal y penalizar su falta de rendimiento.

A tal fin, Fedea apuesta por dar a las unidades administrativas «un cierto grado de control» sobre sus propias relaciones de puestos de trabajo, permitiéndoles modificarlas siempre que esto no incremente su coste laboral total y potenciar los nuevos complementos de desempeño, «evitando que se conviertan en un componente menor y cuasi-fijo del salario, como ha sucedido con los complementos de productividad».

Las principales novedades de este proyecto de Ley que actualmente tramita el Congreso tienen relación con la carrera profesional de los funcionarios, la evaluación de su desempeño y el régimen de los directivos públicos profesionales.

Según Fedea, el texto del anteproyecto «contenía algunos avances importantes», que «se han limado» en el proyecto de Ley, al que se han incorporado algunas disposiciones, en su opinión «muy preocupantes», por suponer un aumento de las «rigideces» de la Administración y la reducción de «su ya limitada eficacia».

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«En buena medida estamos ante un texto final que busca proteger» a los empleados públicos más que a los ciudadanos a los que estos supuestamente sirven. Mientras no se invierta esta relación, será muy difícil avanzar hacia una administración eficaz», subraya Fedea.

PÉRDIDA DEL PUESTO DE TRABAJO ANTE UN DESEMPEÑO INSATISFACTORIO

El organismo pide sentar «con claridad» el principio de que un desempeño insatisfactorio puede terminar comportando la pérdida del puesto de trabajo.

En este sentido, Fedea argumenta que el proyecto de ley liga explícitamente la continuidad en el puesto de trabajo a una evaluación satisfactoria, pero sólo para los directivos públicos, y abre esa posibilidad «de forma titubeante para aquellos otros puestos a los que se haya accedido por concurso».

Así, Fedea considera conveniente que, en esta materia, se vuelva a la redacción del anteproyecto, pues ahí sí se ligaba explícitamente la reiteración de resultados negativos en la evaluación del desempeño con la pérdida de los puestos obtenidos por concurso.

Asimismo, la Fundación apuesta por ampliar el ámbito de esta disposición a puestos de trabajo obtenidos por otros procedimientos e incluir la pérdida de grados consolidados o de tramos de carrera entre los posibles efectos de evaluaciones negativas reiteradas.

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Para maximizar la probabilidad de que las reformas recogidas en el texto terminen implementándose de una forma efectiva, Fedea ve además necesario asignar responsabilidades concretas sobre su despliegue a órganos directivos con el poder suficiente.

En este sentido, argumenta que un posible candidato para desempeñar este papel sería la comisión de secretarios de Estado y subsecretarios que preside el Ministro de la Presidencia.

«Este órgano debería rendir cuentas periódicamente del progreso de la reforma de la administración ante una comisión del Congreso creada expresamente para la tarea, lo que serviría para darle mayor visibilidad al tema y subrayar su importancia», apunta.

OTRAS MEDIDAS «DISCUTIBLES»

Fedea señala además que el proyecto de ley de Función Pública introduce además otros cambios «muy discutibles» con respecto al texto original del anteproyecto.

A su juicio, el más importante es la introducción de la exigencia de negociación previa con los sindicatos en el caso de algunas actuaciones que Fedea considera que deberían ser competencia exclusiva de los representantes o gestores públicos, al menos en lo que respecta a su diseño general.

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Esto afecta, entre otras cosas, a los distintos planes de recursos humanos contemplados en el texto como instrumentos de planificación en este ámbito, a la movilidad por necesidades del servicio y al diseño de los procedimientos de evaluación del desempeño, explica Fedea.

«Esta exigencia, que al menos en parte lleva a la norma lo que ya es una práctica habitual que debería abandonarse, dificulta enormemente la gestión de las Administraciones Públicas y tiende a reducir su eficacia y eficiencia. Convendría, por ello, suprimirla, eliminándola tanto de la letra de la ley como de la práctica habitual», sugiere.

Al mismo tiempo, Fedea reclama que la ley recoja de forma explícita que su principal objetivo es el de mejorar el funcionamiento de las administraciones públicas para que estas puedan servir mejor los intereses de los ciudadanos «y no la mejora de las condiciones de trabajo o la ampliación de derechos de los propios servidores públicos».

«Este sería sólo un primer paso, pero uno imprescindible, hacia un cambio de cultura sin el cual será complicado avanzar hacia la administración pública que necesitamos», asegura el organismo en este informe, que ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 de Fedea y coordinado por su director adjunto, Ángel de la Fuente.


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