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Exteriores expresa un “reproche general” al informe del Consejo de Europa y ve “incoherentes” varias recomendaciones

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MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha trasladado que mantiene un “reproche general” al informe del diputado letón Boriss Cilevics aprobado este lunes por el Pleno de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que invita al Ejecutivo a reformar los delitos de sedición y de rebelión, se plantea el indulto de los presos del ‘procés’ e incluso pide retirar la solicitud de extradición contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

El Ministerio que dirige Arancha González Laya ha señalado en un comunicado que, “aunque en sus conclusiones el informe avala la actuación del Estado y reconoce que los políticos independentistas actuaron al margen de la Constitución y de la legalidad”, consideran “incoherentes las recomendaciones que instan al Ejecutivo a detener procesos judiciales y extradiciones pendientes, algo que choca con el respeto al principio de separación de poderes”.

El informe sobre si “los políticos deberían ser procesados por sus declaraciones en el ejercicio de sus mandatos”, cuyo objeto era el análisis de España y Turquía, ha evolucionado mucho en las últimas semanas en favor de posiciones más matizadas y respetuosas de la democracia y del funcionamiento del Estado de derecho en España. En este sentido, Exteriores ha señalado que “varias de las recomendaciones forman parte de la política diseñada por el Gobierno desde hace tiempo” para encontrar una vía que permita el reencuentro entre catalanes y entre los catalanes independentistas y el resto de los españoles, “como son la apertura del diálogo o la concesión de indultos”, ha deslizado.

“No obstante, persiste el vicio de origen de tratar los casos de España y de Turquía de manera conjunta, y de presumir que los líderes catalanes independentistas pudieron ser procesados por expresar sus ideas”, ha añadido la cartera de González Laya.

Así, han asegurado que este prejuicio, aunque finalmente haya sido corregido en el punto 8 de la resolución, “sigue asomando en distintas partes del texto y está particularmente presente en el memorándum del relator” y que, además, la Asamblea no aprobó dos enmiendas que corrigen las recomendaciones que invitan a las autoridades españolas a abandonar los procesos pendientes y las extradiciones. “Estas son recomendaciones que chocan directamente con el principio básico de la separación de poderes”, ha aseverado.

Por otra parte, la resolución consolida la línea de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, marcada en el debate del pasado 3 de junio, ha apostillado, al tiempo que ha añadido en este sentido que esa primera versión “ya reconocía que España es una democracia vibrante, con un Estado de derecho que funciona, con jueces independientes y con un orden constitucional que es preciso respetar”.

“Reconocía también que la actuación de los líderes independentistas fue inconstitucional e ilegal y que desafió los mandatos del Tribunal Constitucional”, ha zanjado Exteriores después de que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha avalado este lunes la resolución presentada por el diputado letón Boriss Cilevics.

Pese a las enmiendas presentadas por el PSOE, finalmente la resolución de Cilevics, en base a su informe ‘¿Deberían los políticos ser perseguidos por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato?’, ha sido avalada por 70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones. El diputado letón ha insistido en todo momento en que las penas impuestas por el Tribunal Supremo fueron “desproporcionadas”.

El texto aprobado, además de respaldar la decisión ya anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de indultar a los presos del ‘procés’ y reformar los delitos de rebelión y sedición, defiende que “considere abandonar los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes que viven en el extranjero que están buscados por los mismos motivos”.

Asimismo, se plantea a las autoridades españolas que “se abandonen los procesos pendientes para cargos de rango inferior implicados en el referéndum inconstitucional de 2017 y no se sancione a los sucesores de los políticos encarcelados por acciones simbólicas que simplemente expresan su solidaridad con los detenidos”.