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El Parlamento de Canarias ha formado la comisión de investigación de los contratos sanitarios durante la pandemia

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 (EUROPA PRESS)

El Parlamento de Canarias ha constituido este lunes la comisión de investigación sobre los contratos sanitarios suscritos durante la pandemia, iniciativa impulsada por los grupos Nacionalista, Popular y Vox, y que fue aprobada por unanimidad en un Pleno de la Cámara el pasado mes de marzo.

La comisión de investigación estará presidida por el diputado del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), queda conformada por un total de 17 diputados de los siete grupos de la Cámara y se alargará por un máximo de seis meses, con la posibilidad de que prorrogarla otros cuatro meses más.

Acosta ha admitido la «gran expectación» que ha generado esta comisión para los canarios y señalado que «tiene que buscar la verdad» y no debatir sobre el «fango político» ni cuestiones propias de los juzgados aunque sí «buscar lo que pasó» en unas «circunstancias difíciles» por la pandemia.

En su opinión, «si se tomaron decisiones perjudiciales tenemos que entrar al fondo y tomar medidas correctoras para que no se vuelva a cometer».

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El presidente espera «un tono alejado» de lo que sucede en las Cortes y que se de un «ejemplo» a la ciudadanía y ha dado una semana de plazo a los grupos, hasta el próximo lunes, para que presenten sus propuestas de comparecientes y solicitudes de información para a partir de ahí empezar a preparar el plan de trabajo.

Entre otros asuntos, la comisión deberá abordar el ‘caso mascarillas’, por el que el Servicio Canario de Salud abonó cuatro millones de euros por adelantado a una empresa que no se dedicaba al negocio sanitario por un millón de mascarillas que nunca se llegaron a recibir –fueron destruidas por agentes de aduanas al detectarse que eran falsas–.

Igualmente se espera que aborde la adjudicación de hasta 12,2 millones en compra de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL vinculada al ‘caso Koldo’ o el presunto fraude fiscal de dos empresas por la compra de material sanitario valorado en más de 22 millones.

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