Denuncia que se han superado «con creces» los 30 días que España tenía para extraditarle a Venezuela
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El opositor venezolano Ernesto Quintero ha solicitado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional su liberación «inmediata» de la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde lleva desde el pasado mes de febrero a la espera de que se ejecute su extradición a Venezuela, argumentando que se ha rebasado «con creces» el plazo de 30 días que da el convenio bilateral para proceder a su entrega.
Quintero fue detenido el 10 de febrero después de que tanto el Gobierno como la Audiencia Nacional autorizaran su extradición a petición de las autoridades venezolanas, que le acusan de ser miembro de la cúpula directiva de una agencia de cambio de divisas que habría estafado 40 millones de dólares. Sin embargo, el opositor sostiene que él era un mero empleado y que nada tiene que ver con los delitos que se hubieran podido cometer.
En un escrito de 1 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, su defensa esgrime que «han transcurrido casi 10 meses» desde que Quintero ingresó en Soto del Real al ser considerada su prisión provisional el «medio más idóneo para garantizar su entrega» sin que desde entonces se haya hecho efectiva, lo que supone que «se ha excedido con creces el plazo de 30 días» que establece el convenio de extradición entre España y Venezuela.
La defensa de Quintero, que ejerce ‘pro bono’ Oliver Abogados, recuerda que conforme al artículo 18.3 de dicho convenio, «si se concede la extradición, las partes se pondrán de acuerdo para llevar a efecto la entrega del reclamado, que deberá producirse dentro del plazo establecido por las leyes del Estado requerido, o, en su defecto, en el plazo de 30 días».
Recuerda igualmente el apartado cuarto del mismo artículo porque establece que, si la persona reclamada no es entregada en esos 30 días, «será puesta en libertad y la parte requirente no podrá reproducir la solicitud por el mismo hecho».
Los abogados subrayan que Quintero continúa encarcelado sin que Madrid y Caracas hayan llegado a un acuerdo sobre su entrega y recepción y, «entretanto, sehan superado todos los plazos razonables para su entrega y puesta en libertad, con la total inactividad por parte de los estados contratantes al respecto».
Con todo, aducen que mantener a Quintero en prisión no solo carece de «cobertura legal» a estas alturas, sino que resultaría «desproporcionado» por cuanto supondría estar recluido «de forma indefinida en el tiempo».
Quintero ya hizo una demanda similar en un escrito de 4 de noviembre donde pedía quedar en libertad provisional, una petición que le fue denegada por la Sala de lo Penal, ante lo cual planteó un recurso de súplica que también fue desestimado porque los magistrados consideraron que su decisión inicial no era impugnable.
ASILO DENEGADO
El opositor venezolano logró paralizar su extradición a Venezuela el pasado mes de marzo al plantear una nueva petición de asilo, pero con la denegación de la misma el proceso volvió a reactivarse, a pesar de que la defensa ha recurrido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.
En esta segunda demanda de asilo, Quintero aportó «documentos novedosos», entre ellos un informe de la ONU sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, alegando además que España no reconoce como legítimo al Gobierno de Nicolás Maduro ni a los órganos emisores de la orden de captura, por lo que no debería entregarlo.
Quintero ya había presentado una petición de asilo en España que fue rechazada por tener antecedentes penales, precisamente, debido a esta acusación de estafa. En cambio, su mujer y la hija del matrimonio, de 7 años, sí lo consiguieron.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) emitió el 4 de febrero –a petición de la defensa– un pronunciamiento en el que instó a las autoridades españolas a «valorar el no retorno del señor Quintero a Venezuela», pidiendo tener en cuenta «los principios de unidad familiar».
ACNUR también emplazó a valorar «la situación humanitaria y de seguridad de Venezuela», indicando que «cuando el Gobierno (de Maduro) quiere intimidar o amenazar a alguien, abre una investigación penal y acusa a la persona», que «el país carece de un sistema judicial imparcial, transparente y funcional» y que «los tribunales están politizados».
En declaraciones recogidas por Europa Press después de que Quintero fuera arrestado, su mujer, Cismary Marcano, imploró al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que frenara la extradición de su marido, asegurando que es «inocente» y advirtiendo de que, si vuelve a Venezuela, podría ser «asesinado».
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