Fiscalía pide tres años de cárcel para cada uno por un presunto delito de encubrimiento
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El juicio a los dos mossos que acompañaban al ex presidente catalán Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania se celebrará entre el 6 y el 12 de julio en la Audiencia Nacional por un presunto delito de encubrimiento por el que la Fiscalía pide para cada uno de ellos una pena de tres años de cárcel.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el juicio arrancará finalmente el próximo 6 de julio, después de que tuviera que ser aplazado debido a la enfermedad de un familiar de una de las defensas. Inicialmente, estaba previsto que comenzara el 24 de mayo.
Los mossos Carlos de Pedro y Xavier Goicoechea fueron procesados en febrero de 2020 por el Juzgado Central de Instrucción Número 6 al considerar que con su actuación perseguían que Puigdemont no fuese detenido después de que se reactivara la orden europea de detención y entrega emitida por el Tribunal Supremo.
El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, señaló en un escrito del pasado mes de abril que los mossos actuaron siendo «conscientes» de que contra Puigdemont pesaba una euroorden por hechos constitutivos de delitos de rebelión y otros.
«La intención de los acusados era ayudar a Carles Puigdemont a regresar a Bélgica y evitar su identificación en algún lugar donde pudieran ejecutar la orden europea de detención», afirmó.
Por ello, el Ministerio Público reclama para ellos una pena de tres años de cárcel y una inhabilitación especial por el mismo periodo de tiempo para empleo o cargo público y para ejercer el derecho al sufragio activo.
DE LIBRANZA PERO EN ACTIVO
Según el relato de hechos que hace la Fiscalía, los dos agentes estaban «en servicio activo» el 25 de marzo de 2018, De Pedro en la unidad de seguridad ciudadana de la comisaría de El Prat de Llobregat y Goicoechea en el Área de Escoltas en Sabadell. Ambos se encontraban esos días «disfrutando de una semana de fiesta».
«Aprovechando los días libres de trabajo», se desplazaron el 19 de marzo a la localidad de Waterloo (Bélgica), donde se había establecido Puigdemont después de huir de España tras la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de octubre de 2017.
El 23 de marzo, estando en Bélgica, «una persona no identificada» les pidió que fueran a buscar en coche a Puigdemont, que se encontraba en Helsinki (Finlandia) cuando el juez instructor del ‘procès’, Pablo Llarena, reactivó esos días la orden europea de detención y entrega.
PERIPLO EUROPEO
«El mismo día de la emisión de la orden, Puigdemont abandonó Helsinki», mientras que «los dos acusados salieron de Bruselas conduciendo el vehículo y llegaron a Estocolmo a una hora que no se ha determinado». Una vez allí, recogieron al ex president e iniciaron el regreso a la capital belga, explicó el fiscal Carballo.
Fue el 25 de marzo, pasadas las 11.00 horas, cuando agentes de la Policía alemana interceptaron el coche en un aparcamiento de viajeros pendulares de Jagel, en la autopista BAB7, que transcurre entre la frontera con Dinamarca y la ciudad de Hamburgo.
En el vehículo, viajaban Puigdemont, los dos mossos y otras dos personas, el empresario Josep María Matamala y el historiador Josep Lluís Alay. Estos dos últimos también estuvieron imputados en esta causa, pero el juez instructor, Manuel García Castellón, archivó la investigación para ellos a petición de la Fiscalía.
Mientras en el caso de los mossos ha pesado su carácter de funcionarios para mantenerlos en el procedimiento judicial, el rol del empresario y el historiador sería equiparable al del resto de personas que acompañan a Puigdemont dentro y fuera de Bélgica cada vez que se mueve por Europa para participar en algún evento.
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