Inicio España El JNE de Perú empieza a declarar infundadas las peticiones de nulidad...

El JNE de Perú empieza a declarar infundadas las peticiones de nulidad de actas presentadas por Fujimori

0

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú ha comenzado este miércoles a rechazar las peticiones de nulidad de actas presentadas por la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, al declarar infundados diez de los expedientes, si bien quedan decenas por revisar.

El pleno del JNE ha votado a favor de declarar infundadas estas primeras apelaciones que pasan por el órgano electoral, tras haber recibido la misma valoración en los Jurados Electorales Especiales (JEE), que ya ha revisado la totalidad de las impugnaciones sin hallar las “irregularidades” denunciadas por la aspirante conservadora en el marco de las elecciones presidenciales que dan la victoria al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo.

En concreto, la decisión se ha tomado en la sesión del ente electoral con el voto en contra del magistrado Luis Arce, quien, posteriormente, ha emitido su denuncia “irrevocable” como miembro del JNE, según recoge el medio peruano ‘La República’.

A pesar de que en la actualidad no se le permite dejar el cargo, Arce ha señalado, en un escrito, que dimite “con el fin de evitar que la representación que ejerce y sus votos en minoría sean utilizados para convalidar falsas deliberaciones constitucionales que son en realidad decisiones con clara parcialización política en el JNE”.

“Las denuncias por un supuesto fraude, así como la falta de transparencia y ausencia de disposición por parte del presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, para hallar la verdad electoral, evidencian cuestionables intenciones de decidir el destino de nuestra nación sobreponiendo los formalismos sobre la justicia y la verdad electoral”, ha agregado Arce, quien está siendo investigado en el marco del escándalo de corrupción judicial conocido como ‘Los cuellos blancos’.

Según las autoridades peruanas, se trata de una organización criminal instalada en el Poder Judicial y dedicada a sobornos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias para beneficiar a políticos y empresarios con problemas con la ley.

LISTAS DE ELECTORES

De forma previa al rechazo de las diez primeras apelaciones presentadas por Fujimori, el pleno del JNE no ha autorizado la posibilidad de que Fuerza Popular tenga acceso a las listas de electores de la segunda vuelta de las presidenciales, como ha reclamado la formación, que ha presentado el recurso de habeas data contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para ello.

Según el partido, existe un “número elevado de actas de votación que han sido objeto de falsificación de firmas, suplantación de electores en sus mesas de votación, observación de actas sin fundamento formal y material, así como la adulteración de los resultados finales”.

En este contexto, Fuerza Popular ha reiterado este miércoles, en una rueda de prensa, sus denuncias de “fraude” y ha pedido al JNE que tome en cuenta las pericias que ha presentado, así como la solicitud de las listas de electores.

También, ha demandado que se considere realizar una auditoría internacional para “conocer la verdad” de los resultados de las elecciones.

La abogada de la formación Lourdes Flores ha hecho estas peticiones tras una audiencia con el ente electoral en la que ha sustentado las denuncias de “fraude”.

Perú está a la espera de conocer su próximo presidente, después de la disputada segunda vuelta del pasado 6 de junio, que dejó a al izquierdista Castillo, con el 50,12 por ciento de los votos, por delante de la opción ultra conservadora que representa Fujimori, quien con el 49,87 por ciento de las papeletas ha pedido nulidades de actas.

Actualmente, estas están bajo revisión en el JNE, mientras la aspirante de Fuerza Popular ha iniciado una campaña judicial para intentar revertir la situación.

La jornada electoral fue supervisada por varios organismos nacionales e internacionales, con misiones diplomáticas de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea (UE), entre otros, quienes han descartado irregularidades.