El Gobierno ha prometido cerrarlos en junio y las ONG reclaman soluciones duraderas
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
Kenia acoge a más de medio millón de refugiados. De ellos, la mayoría están repartido en dos macrocampamentos –el de Dadaab y el de Kakuma– que viven constantemente a merced de amenazas de cierre, la última de las cuales vaticina su desaparición para el próximo mes de junio, sin que exista una hoja de ruta clara para el futuro de estos refugiados.
Los dos campamentos comparten una historia similar, erigidos a principios de los noventa. El de Kakuma, situado en la zona norte, abrió en 1992 tras la llegada de ‘los chicos perdidos’, el nombre con el que se bautizó a un grupo de jóvenes que recalaron primero en Etiopía y luego en Kenia para huir de la violencia en su país.
El Gobierno keniano tenía registrados a finales de noviembre más de 216.00 refugiados en este enclave, cuya población ha vuelto a crecer a raíz de la inestabilidad reciente en Sudán del Sur. Aun así, el campamento más poblado de Kenia sigue siendo el de Dadaab, con unos 237.000 refugiados, según las estadísticas oficiales.
El complejo de Dadaab respondió a un éxodo masivo desde Somalia y llegó a tener en sus momentos más álgidos casi medio millón de personas, hasta el punto de considerarse como el mayor campamento de refugiados del mundo y ser objeto de amenazas de cierre recurrente.
De hecho, las sucesivas administraciones kenianas han puesto sobre la mesa innumerables avisos y calendarios sobre la desaparición de los dos principales campamentos del país. El Gobierno de Uhuru Kenyatta planteó de nuevo en abril de 2021 una hoja de ruta que marcaba finales de junio de 2022 como fecha límite y que, a falta de noticias sobre lo contrario, sigue siendo válida.
A falta de ver en qué se concreta, y de hasta qué punto la inminencia de las elecciones puede haber endurecido la retórica –se celebrarán en agosto de este año–, el Ejecutivo ha presentado una hoja de ruta que incluye el retorno de los refugiados, reubicaciones en terceros países y alternativas de residencia para un número limitado de personas.
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) coincide con las autoridades locales en que estos campamentos no pueden seguir siendo una solución a largo plazo, pero trata de frenar iniciativas prematuras mientras trabaja codo con codo con el Gobierno, como quedó de manifiesto en abril de 2021 con una visita al país del principal responsable de la citada agencia, Filippo Grandi.
LOS PRIMEROS EFECTOS
Kenia promulgó en noviembre una nueva ley sobre refugiados bien recibida por las organizaciones humanitarias, pero entre estas últimas preocupa la incertidumbre actual. El flujo de ayuda ya habría descendido, hasta el punto de que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtió en septiembre de recortes en las raciones de comida.
El director del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) en Kenia, Neil Turner, señala también que el anuncio de cierre crea «cierto miedo» entre los refugiados, hasta el punto de que algunos de ellos estarían acelerando su vuelta. «Cualquier presión sobre los refugiados no es bienvenida», señala en una entrevista telefónica a Europa Press.
No en vano, la vuelta no figura entre las prioridades de los refugiados, ya que ACNUR señaló en un reciente informe que en 2020 se registraron menos de 200 retornos a Somalia, lejos de los más de 7.500 en 2018. Turner coincide en que a día de hoy «muy pocos» quieren volver: «El seis por ciento, según estudios recientes».
El responsable del NRC afirma que cualquier retorno debe ser «seguridad, voluntario y digno», lo que pasa también por poder acceder a servicios básicos una vez cruzada la frontera. «No van a volver a Somalia familias con niños en edad escolar cuando no hay una escuela a la que acudir», resume.
Además, en crisis tan prolongadas como las que dieron origen a los campos de Dadaab y de Kakuma, se da la circunstancia de que hay «refugiados de segunda o tercera generación» que nunca han pisado el país del que huyeron en su día sus familias. La mitad de la población refugiada tiene menos de 18 años, añade Turner.
MÁS QUE RETORNOS
La jefa de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Kenia, Dana Krause, expresó en diciembre en un comunicado su preocupación por el cierre, al tiempo que instó a las autoridades locales a aprovecharlo como una «oportunidad» para lograr «soluciones duraderas» para las refugiados. Tanto el MSF como el NRC esperan que la nueva ley de refugiados sirva como punto de inflexión, abriendo también la puerta a nuevas estrategias.
Turner subraya que «el único foco no debería ser solo el retorno» de estas personas, en la medida en que hay otras estrategias para aligerar una carga que durante años ha marcado a Kenia. Uno de ellos es el reasentamiento, pero las plazas habilitadas en los últimos años han sido «extremadamente decepcionantes» a ojos del NRC, crítico por ejemplo con los mensajes anti inmigración en países europeos.
«Los gobiernos occidentales dicen que no quieren refugiados mientras no hacen nada para asistir a Kenia, aunque sea con cifras bajas de reubicación», lamenta este responsable. No es un caso único, ya que ACNUR denunció que en 2020 –el último año completo con datos– sólo 22.770 personas en todo el mundo se beneficiaron de traslados de este tipo.
Para Turner, la opción preferente en casos como el de Kenia pasa por buscar «algún tipo de integración», algo en lo que trabajan ONG como la suya, con programas específicos en los condados de acogida. Así, aunque entiende las «preocupaciones legítimas» de las autoridades a la hora de pensar en «absorber» a medio millón de refugiados, insta a buscar fórmulas que no tienen por qué consistir en la ciudadanía plena.
Se trata de una población joven, formada, y que además de representar mano de obra supone «un mercado al que poder vender». También esto implica desafíos aún mayores que la desaparición física de los campamentos, ya que «el cierre no va a pasar de la noche a la mañana, pero la integración tampoco va a ocurrir a corto plazo», según Turner, que habla de un plazo de años –«hasta diez»– en el que serían necesarios políticas nuevas y fondos constantes.
A la espera de ver en qué se traduce la promesa de cierre lanzada por el Gobierno sobre los campos de Dadaab y Kakuma, lo que sí está claro para Turner, tres décadas después de la apertura de estos enclaves, es que ambos simbolizan el «fracaso» a la hora de estabilizar los países vecinos a Kenia.
«Política y diplomáticamente representan un fracaso de Sudán del Sur y Somalia», señala, ampliando el foco geográfico a dos países que viven sumidos en la inseguridad, la incertidumbre política y la escasez de recursos. Mientras tanto, no cabe más que seguir ayudando a los refugiados.
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