Advierte que otros países y organismos recomiendan hacer ahora «lo que no se hizo en 2008»
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El Defensor del Pueblo (e.f), Francisco Fernández Marugán, ha defendido este martes la subida de impuestos tras un año de pandemia y pide, además, más ayuda a los vulnerables frente a las desigualdades que, a su juicio, ha causado la pandemia en este último año.
Fernández Marugán ha presentado ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Defensor del Pueblo, en donde ha presentado el informe sobre las actuaciones de la Institución durate 2020 que, según ha destacado, ha estado marcado «en una parte muy significativa» por la crisis sanitaria.
En total, se realizaron un total de 29.335 actuaciones durante el año pasado, que incluyen las quejas recibidas, las investigaciones de oficio iniciadas y las solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad. Esta cifra supone un aumento del 41,5% respecto de los 20.722 expedientes del año anterior.
El Defensor ha destacado, además, el fuerte incremento experimentado por las peticiones de recurso ante el Tribunal Constitucional, que crecieron un 573%, al pasar de 135 a 909, y que Fernández Marugán achaca a las medidas restrictivas puestas en marcha por el Covid-19.
En su intervención, Fernández Marugán ha destacado las consecuencias de la pandemia sobre la economía del país, que ha propiciado un incremento de déficit estructural y unos elevados niveles de deuda que suponen «un importante factor de vulnerabilidad ante eventuales cambios en las condiciones de financiación», según ha detallado.
PROTEGER RENTAS Y EMPLEOS
En este sentido, ha propuesto algunas soluciones para la situación de España y, entre otras, ha defendido la subida de impuestos, una medida que, según ha explicado, tiene «defensores» y el «apoyo de algunas naciones importantes del mundo», así como el «FMI, la OCDE, el G-20 o el G-7». «Recomiendan ahora lo que no se hizo en 2008», ha declarado.
A su juicio, son necesarios los «estímulos fiscales para proteger las rentas y empleos» aunque «aumente el déficit y la deuda pública», porque es, según ha indicado, el momento de «dirigir todos los canales» para frenar las consecuencias de la pandemia y «acabar con ella cuento antes».
«España tiene que decidir qué nivel de servicios públicos quiere tener para mantener un estado del bienestar digno de tal nombre», y ello «no será posible si la opción es reducir los impuestos», ha afirmado también.
Además, ha señalado que otros retos futuros para sanear la economía española pasan por acometer un paquete de reformas en el sistema educativo, las políticas de empleo, las pensiones, la vivienda y la consolidación fiscal.
MÁS AYUDAS A LOS FRÁGILES
El Defensor ha indicado que, la pandemia ha provocado en España un incremento de la desigualdad, tanto empresarial como social, que, a su juicio, hace necesario que se aumente la ayuda pública a los colectivos más vulnerables «ya sean pequeñas y medianas empresas, autónomos y familias».
Así, ha pedido que las actuaciones de las administraciones vayan encaminadas a proteger a los más frágiles, «aquellos que han venido quedando fuera de los esquemas tradicionales de ayudas públicas».
El Defensor ha destacado en su intervención, también, que las principales quejas recibidas por la Institución fueron en materia de Administración de Justicia (4.439 quejas), la Sanidad y los Asuntos Sociales (3.735), el Empleo y la Seguridad Social (3.493), las Migraciones (2.716) y la Educación (2.579).
En este sentido, ha puesto el foco en algunas más concretas, como «la lacra de la violencia machista» durante el confinamiento. Fernández Marugán ha mostrado su preocupación por la caída de denuncias debido a las restricciones y la dificultades de las víctimas para buscar protección y ayuda, a pesar de que, en 2020, también se ha contabilizado un «incremento histórico» de llamadas al 061.
PROTECCIÓN ANTE LA VIOLENCIA VICARIA
Al Defensor le preocupa que las mujeres pidan ayuda pero no denuncien porque consideran que la intervención policial o de los juzgados puede desencadenar una mayor violencia sobre ellas o perjudicar a sus hijos.
En su intervención, en donde ha recordado el asesinato de 41 niños por violencia machista el año pasado, ha tenido palabras para el caso de las menores e Tenerife para reclamar «una protección específica y efectiva para los menores que pueden ser víctimas de la violencia vicaria», independientemente de «la valoración de riesgo en la que se encuentre la madre».
Tras apuntar que la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia incorpora algunas recomendaciones de la Institución, como la retirada de la patria potestad a los padres condenados por el asesinato de la madre, o el derecho de los menores victimas a ser oídos, ha instado a «administraciones, instituciones y sociedad civil» a continuar trabajando para proteger a los menores, y poner para ello los recursos necesarios.
EL TRIPLE DE EXPEDIENTES SOBRE SANIDAD
Y, en un año marcado por la pandemia, el Defensor del Pueblo ha triplicado el número de expedientes gestionados en materia sanitaria, con respecto al año anterior, según ha indicado Fernández Marugán. Según ha explicado, la pandemia, principalmete, ha «agudizado muchas de carencias que venía arrastrando el Sistema Nacional de Salud (SNS)».
En su opinión, «no es posible continuar con una política sanitaria de ajuste presupuestario como la practicada durante los últimos años, con continuadas y persistentes reducciones del gasto» y ha llamado a «invertir más en la sanidad pública» y a reforzar los centros de atención primaria, con profesionales, medios técnicos y organizativos, entre otros.
En este sentido, ha puesto el foco también en las residencias de mayores. Según ha explicado, las quejas recibidas al comienzo de la crisis sanitaria pusieron de manifiesto la dramática situación que se vivió en muchos geriátricos, especialmente en los meses de marzo y abril de 2020, que solo disponían de medios muy básicos y exiguos para enfrentarse a la pandemia.
«A esta emergencia se llegó sin planes eficaces de contingencia, con plantillas muy ajustadas, y con infraestructuras y recursos materiales, en muchos casos insuficientes», ha asegurado Fernández Marugán, que ha vuelto a advertir de que es necesario abordar cuanto antes una revisión profunda del modelo residencial-geriátrico español en su conjunto.
Así, ha señalado la necesidad de que las comunidades autónomas cuenten con un sistema de monitorización de los centros, un sistema de alerta temprana y que cada residencia tenga un plan de contingencia.
BRECHA DIGITAL
Por otra parte, Fernández Marugán ha destacado el «impacto» del coronavirus en la actividad educativa que, además, ha sacado a la luz la «brecha digital existente en España» en «toda su crudeza» entre las familias más vulnerables.
A pesar de ello, el Defensor cree que el sistema educativo «resolvió razonablemente» la situación de confinamiento de los alumnos «gracias al esfuerzo de las Administraciones, de la comunidad educativa y el de la sociedad en general».
Sobre la LOMLOE, que entrará en vigor el próximo curso, por su parte, ha mostrado su esperanza en que «inicie una nueva etapa que nos permitan aspirar a una sociedad más equitativa e inclusiva».
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