LUGO, 5 (EUROPA PRESS)
El presidente del comité de empresa de Alcoa, José Antonio Zan, ha advertido este jueves de que los compradores de la planta de San Cibrao, en Cervo (Lugo) «están escépticos» con el proceso de venta.
«Si ahora mismo paralizan la venta y no se vuelve a abrir hasta enero de 2023 de una forma distinta a este momento, ellos casi seguro que darían la espantada», ha afirmado.
Por ello, ha reivindicado que «se necesita que las empresas continúen con el proceso de venta y se necesita que el Gobierno les garantice un marco energético con el cual puedan competir».
Zan ha constatado que hasta ahora «los que han hecho una oferta no vinculante son cuatro compradores, a partir de ahora tendrían que ser las ofertas más serias». «Serían esos cuatro los que entrarían en la operación», ha zanjado.
En relación al Gobierno central, este sindicalista de Comisiones Obreras ha subrayado que están «esperando a que el Ministerio (de Industria) entregue ese borrador para empezar a trabajar sobre nuestra hoja de ruta». «Lo que tenemos claro es que el Gobierno al sacar a la SEPI tiene que buscar una solución que nos sirva a todos», ha demandado.
Los trabajadores de Alcoa siguen reclamando «garantías de continuidad y de futuro». «Seguimos recordando a ambos gobiernos (central y Xunta) que ambos prometieron que iban a solucionar el problema sin que hubiera pérdida de puestos de trabajo, ni caída de la producción», ha insistido.
En definitiva, en el comité de prensa anteponen esas «garantías» porque, aclara, «aquí no se trata de dar garantías a Alcoa, sino a los trabajadores». «Que a Alcoa tienen que darles garantías, eso es cuestión del Gobierno que negocia con la empresa y no de nosotros», ha remarcado.
SUBVENCIONES
Finalmente y ante una posible sanción del Gobierno por el CO2, que podría ascender a 34 millones de euros la reclamación a la multinacional americana, Zan ha afirmado desconocer «si es así o no».
Con todo, ha manifestado que «si se cierra la fábrica, las subvenciones que mantuvieron los puestos de trabajo y el empleo durante tres años tendrían que ser devueltas».
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