MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El Departamento de Estados Unidos ha anunciado este lunes nuevas sanciones contra siete funcionarios de El Salvador y Guatemala por haber contribuido a «socavar la democracia y obstruir las investigaciones de corrupción», entre ellos la fiscal general guatemalteca, María Consuelo Porras.
Según un comunicado emitido por el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, estas sanciones implican que no se les otorgarán visados de entrada y admisión en el país.
En el caso de El Salvador, se ha sancionado a Elsy Dueñas De Aviles, Oscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, actuales jueces de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo por «socavar procesos o instituciones democráticas al aceptar nombramientos directos» por parte de la Asamblea Legislativa, «en un proceso que parece haber contravenido la Constitución salvadoreña».
Los cinco magistrados anteriores fueron destituidos «abruptamente sin causa legítima» después de que la reelección de la Asamblea. «Una vez instalados, los nuevos Magistrados declararon constitucional su instalación por la Asamblea Legislativa», a lo que se suma que «han socavado los procesos e instituciones democráticas al aprobar una controvertida interpretación de la Constitución que autorizaba la reelección del presidente a pesar de una prohibición expresa» en la Carta Magna, que prohíbe mandatos consecutivos.
En cuanto a Porras, Washington la acusa de «obstruir las investigaciones de actos de corrupción al interferir con las investigaciones penales» en un «patrón» establecido que consiste en «ordenar a los fiscales del Ministerio Público de Guatemala que ignoren los casos basados en consideraciones políticas» .
Además, Porras ha socavado «activamente las investigaciones llevadas a cabo por el Fiscal Especial Contra la Impunidad, incluido el despido de su fiscal principal, Juan Francisco Sandoval, y el traslado y el despido fiscales que investigan la corrupción».
En Guatemala también ha sido sancionado Ángel Arnoldo Pineda Ávila, actual secretario general de la Fiscalía, por «obstruir las investigaciones de actos de corrupción al interferir en las investigaciones anticorrupción», algo por lo que ya está siendo investigado en el país centroamericano ya que presuntamente habría alertado «a los objetivos de la investigación sobre los casos que se estaban construyendo en su contra».
«Estados Unidos seguirá utilizando las herramientas a nuestra disposición para promover la rendición de cuentas por los ataques a las aspiraciones democráticas del pueblo centroamericano», ha indicado Blinken en el comunicado.
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