MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Ecuador tratará de agilizar la concesión de unos 2.000 indultos a «personas de la tercera edad, mujeres, personas con discapacidad y enfermos terminales» a fin de reducir el hacinamiento penitenciario, después de que el pasado martes dos motines en una cárcel de Guayaquil se saldaran con 118 presos muertos.
Así lo ha confirmado el director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) del país, Bolívar Garzón, durante una rueda de prensa este viernes junto a la ministra de Gobierno ecuatoriana, Alexandra Vela.
Garzón ha detallado también que continuará gestionándose el proceso de repatriación de extranjeros, que a día de hoy lleva 82 casos en curso, según ha afirmado el director general.
Durante la comparecencia, la ministra Vela ha asegurado que se mantienen movilizados 3.600 efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios del país para «garantizar la seguridad», después de que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretara el miércoles el estado de excepción en el conjunto del sistema carcelario.
Además, la ministra ha confirmado que se han identificado a 41 de los presos fallecidos, mientras que todavía quedan 77 presos muertos por identificar.
El responsable del SNAI ha detallado también diferentes actuaciones que el órgano prevé implementar a raíz del suceso para «reestructurar el sistema carcelario» y evitar situaciones como las del pasado martes.
Así, el SNAI ha confirmado que se instalarán una serie de escáneres especiales para detectar armamento, y se redistribuirán los presos de la cárcel de Guayaquil donde tuvieron lugar los motines para evitar futuros altercados.
LA ONU PIDE UNA «INVESTIGACIÓN IMPARCIAL»
Por su parte, la oficina de la ONU en Ecuador ha emitido un comunicado este viernes solidarizándose con las familias de los fallecidos y pidiendo una «investigación imparcial» de los hechos.
«El Sistema de las Naciones Unidas en el Ecuador (…) ha reiterado a las autoridades nacionales su compromiso de acompañar y brindar asistencia técnica para impulsar una reforma penitenciaria integral, que atienda a las causas estructurales y que involucre al Estado, la academia, la sociedad civil, las asociaciones de familiares (…), y a todos los actores interesados», ha detallado la oficina en el escrito.
Con los 118 fallecidos del martes, ya son más de 200 personas las que han muerto en las siete prisiones del país en lo que va de año, con una de las más grandes masacres el pasado 23 de febrero en las prisiones de Libertad Zonal 8 y Sierra Centro Norte, en la provincia de Cotopaxi, y en Cuenca, en la provincia de Azuay, que se saldaron con 80 presos sin vida.
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