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Comienza en Birmania el juicio contra Suu Kyi después de tres aplazamientos

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MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El juicio contra la líder opositora birmana y antigua ‘líder de facto’, Aung San Suu Kyi, ha comenzado finamente este lunes después de que la junta militar lo aplazara hasta en tres ocasiones.

Suu Kyi, de 75 años, se encuentra bajo arresto domiciliario desde que fue arrestada tras el golpe de Estado del 1 de febrero y está acusada de cometer decenas de delitos, entre los que se encuentran incitación a la sublevación, violación de las restricciones impuestas por el coronavirus e infringir las leyes de comercio exterior, entre otras.

Sin embargo, disidentes y seguidores de la política birmana, que ganó el premio Nobel de la Paz en 1991, han insistido en que el Ejército busca silenciarla a largo plazo, por lo que está previsto que se enfrente a duras sentencias.

La junta ha remarcado que las medidas tomadas tras el golpe tienen como objetivo proteger la democracia y han insistido en que se produjo un fraude electoral en noviembre. Birmania se encuentra sumido en una grave crisis desde la asonada y, según datos de la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP), al menos 863 personas han muerto y más de 6.000 han sido arrestadas en el marco de las protestas que han seguido al golpe militar.

HRW PIDE DETENER LOS ARRESTOS ARBITRARIOS

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha alertado del arresto arbitrario llevado a cabo por las fuerzas birmanas, que están deteniendo a los familiares y amigos de activistas, manifestantes y miembros de la oposición, y ha pedido la “puesta en libertad inmediata de todos ellos por constituir una violación del Derecho Internacional”.

Así, ha denunciado que desde el 1 de febrero, el Ejército ha detenido al menos a 76 personas, incluido un menor, en el marco de una serie de redadas que no resultaron en la detención, precisamente, de la personas buscada.

En un comunicado, la organización ha señalado que “mantener a familiares y amigos como rehenes supone una práctica utilizada para aterrorizar a la población y presionar a los activistas para que se entreguen ellos mismos”, ha lamentado Phil Robertson, subdirector de la ONG para Asia.

“Las autoridades deben acabar con esta práctica de castigo colectivo y poner en libertad a todos los que han sido arrestados de forma ilegal”, recoge el texto, que incide en que la detención de personas “basada únicamente en su relación con otra” es una “violación del derecho a la libertad y la seguridad”, además del “derecho a un juicio justo”.

Robertson ha acusado a la junta de llevar estos arrestos a un “nuevo nivel” y ha indicado que los “gobierno es que estén preocupados deben actuar e imponer sanciones, además de un embargo de armas, para detener las acciones abusivas de la junta”.