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AMP.Bolaños afirma que no ha cruzado ninguna línea roja relacionada con el terrorismo y argumenta que la enmienda proporciona mayor seguridad jurídica

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Señala que el criterio para decidir el nivel de gravedad queda en manos de los jueces

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha rechazado que el Gobierno haya cruzado una línea roja respecto a la consideración del delito de terrorismo en la Ley de Amnistía al pactar una enmienda con Junts que solo excluye este tipo penal de la ley cuando se produzcan violaciones graves de derechos humanos.

Por el contrario sostiene que este cambio en la norma aporta más seguridad jurídica. Asimismo, el ministro sostiene que el cambio deja en manos de los jueces la decisión de si los delitos que se juzgan alcanzan ese nivel de gravedad que los excluye de la Amnistía.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes en La Moncloa, Bolaños ha sido cuestionado por este último cambio pactado con Junts, cuando desde el Gobierno venían sosteniendo que dejar fuera de la Amnistía los delitos de terrorismo era una línea roja que no iban a pasar.

En todo caso el ministro ha defendido que este límite no se ha traspasado porque a su juicio el terrorismo sigue exceptuado «cuando haya una violación grave de derechos humanos». «Esa era nuestra línea roja y así se ha pactado hoy en la Comisión de Justicia» del Congreso de los Diputados, ha defendido.

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Afirma además que lo que se ha hecho es mejorar el artículo, «garantizar su seguridad jurídica» y adaptarlo «a los mejores estándares europeos», es decir la directiva europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, según traslada.

COMO LA PUERTA DE BRANDEMBURGO

Con la nueva redacción de la ley, desaparece la excepción de los delitos de terrorismo «cuando haya sentencia firme» y en ese sentido Bolaños ha explicado que los parámetros que se utilizan para que los tribunales valoren si se excluye o no el delito de terrorismo de la Amnistía no será si existe o no sentencia firme sino «si se adecua a la directiva europea y al Convenio Europeo de Derechos Humanos», es decir si se trata de una violación grave de esas normas.

Fuentes gubernamentales explican que se ha retirado esa parte porque generaba inseguridad y podía provocar que se amnistiaran todos los casos de terrorismo investigados. Señalan así que ninguna de las causas en curso, en los casos de los CDR y Tsunami Democràtic tiene sentencia firme.

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En ese sentido añaden que al hablar de delitos «con sentencia firme» se dejaba una puerta abierta «más grande que la de Brandemburgo» por la que se podían colar en la Amnistía muchos delitos de terrorismo.

NO INCLUYE A LOS PUJOL Y AL ABOGADO DE PUIGDEMONT

En la sala de prensa de Moncloa, Bolaños también ha defendido que estas últimas modificaciones refuerzan la función jurisdiccional de los jueces y magistrados, es decir, son ellos quienes tienen que interpretar la Ley de Amnsitía para aplicarla, ha señalado. A su juicio esto queda «definitivamente claro» con estas enmiendas.

Por otro lado, sobre si estos cambios de última hora pueden abrir la puerta a amnistiar otras causas como las que afectan a la familia Pujol o al abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Bolaños ha asegurado que «no hay nada fuera del proceso independentista que quede amnistiado».

¿CONSIDERA QUE HUBO TERRORISMO?

Por otro lado, al ser interrogado sobre si piensa que se produjo terrorismo en alguno de los actos relacionados con la independencia, Bolaños ha evitado pronunciarse al señalar que hay un procedimiento judicial en marcha y hay «distintas opiniones jurídicas».

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De este modo ha señalado que el juez de instrucción, en referencia a Manuel García Castellón, «está tomando determinadas resoluciones judiciales» mientras que la Fiscalía «considera que no existe terrorismo por esos comportamientos y lo ha recurrido». Por tanto, dice que el Gobierno «estará a lo que resuelva» la sala de lo penal de la Audiencia Nacional.

En esta misma línea, fuentes gubernamentales defienden que ERC y Junts pedían previamente que todos los delitos de terrorismo pudiesen ser amnistiados y no consiguen eso, por tanto no consideran que hayan cedido a sus exigencias.

Además, que el redactado final de la ley se ha pensado para dejar fuera los delitos del terrorismo tal como se suele conocer, en referencia velada a actos como los de la banda terrorista ETA o el yihadismo y dan por hecho que quedarán amnistiados hechos como el colapso del aeropuerto del Prat en Barcelona, una de las acciones que llevó a cabo el movimiento conocido como Tsunami Democràtic.

Las citadas fuentes no aclaran si consideran que supone un blindaje a Puigdemont y reiteran que el criterio para aplicar la ley y decidir si hay delito de terrorismo y si este incurre en vulneraciones graves de los derechos humanos es potestad de los jueces.


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