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«Vox urge a Marlaska a tomar acciones ante la serie de agresiones sexuales en grupo perpetradas por individuos de origen marroquí»

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Acusa al Gobierno de una «estrategia de multiculturalismo forzado» con «políticas de bienvenida a la inmigración ilegal indiscriminada»

VALÈNCIA, 30 (EUROPA PRESS)

La consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez (Vox), ha enviado una carta al ministro Fernando Grande-Marlaska para urgir al Gobierno a adoptar medidas efectivas para combatir la «ola de delitos» en España y en la Comunitat Valenciana, en concreto por las últimas agresiones sexuales grupales registradas en la Malva-rosa de València y en Dolores (Alicante) por parte de «individuos de origen marroquí», según especifica en la misiva.

Núñez ha asegurado en Les Corts, en declaraciones a los medios, que «España en general y la Comunidad Valenciana en particular está viéndose arrasada por una ola de delitos jamás vistos, unos delitos que en ocasiones provienen de otras culturas en los que la vida humana y la fórmula de la mujer son totalmente denostadas, que no se tienen en cuenta para nada».

Y considera que «las medidas desarrolladas por el Gobierno del señor Sánchez, aquellas que están poniendo a disposición de las víctimas y de la reeducación de los agresores, se plantean insuficientes». Como ejemplos «más próximos», cita las violaciones grupales tanto en la playa de la Malvarrosa como en el municipio de Dolores, –con menores entre los presuntos implicados– y ha apuntado que esas medidas «quedan reducidas a un curso de educación sexual y el acompañamiento y apoyo a la víctima».

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Por tanto, según ha remarcado, el motivo de la carta no es otro que exigir a Marlaska que desarrolle «medidas suficientes para que España y la región valenciana pueda recuperar esa seguridad en la que siempre ha vivido y podamos recuperar esa convivencia en paz en la que tanto hombres como mujeres podamos vivir en un absoluto ambiente de paz y sociedad».

Preguntada por si en la carta alude a determinados grupos de población, Núñez ha sostenido que hubiera exigido al ministro las mismas medidas con indiferencia del origen de los agresores. «He aludido a la nacionalidad de los agresores, en este caso son de Marruecos, pero igualmente lo hubiera hecho si hubieran sido españoles o de cualquier otra nacionalidad», ha asegurado.

En cualquier caso, ha defendido que «lo que hay que condenar y perseguir es el delito y que recuperemos la paz y la comunidad social en nuestra región».

En la misiva, la consellera afirma que «España está siendo arrasada por una ola de delitos execrables, nunca vistos en nuestro país, en múltiples ocasiones importados de culturas foráneas en las que la vida humana, en general, y la integridad física y moral de la mujer, en particular, no importan nada».

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Entre ellos apunta a «los casos de violaciones múltiples en la playa de La Malvarrosa que se han saldado con cinco detenciones de individuos de origen marroquí, de los cuales tres se encuentran en situación ilegal en España y otro es menor de edad» y a «la violación grupal ocurrida recientemente en Dolores, por sujetos también de corta edad y de origen marroquí».

Núñez exige a Marlaska que tome medidas «para poner fin a la inseguridad que destruye nuestra convivencia en paz, así como para que la inmigración sea controlada, adaptada a las necesidades de España y con capacidad y voluntad de adaptación».

«ESTRATEGIA DE MULTICULTURALISMO FORZADO»

A su juicio, el Ministerio del Interior y el Gobierno «han sido y son aliados y promotores de una estrategia de multiculturalismo forzado que sufrimos directamente todos los españoles» a través de «las políticas de bienvenida a la inmigración ilegal indiscriminada y el amparo del Gobierno a las mafias que encuentran su lucro en traficar con personas».

«En la Comunidad Valenciana padecemos profundamente esta problemática», asevera, y compara «la situación a la que está llegando España con modelos de sociedades multiculturales fracasadas como las existentes en países como Bélgica, Francia o Reino Unido» que «ya han impactado de lleno en demasiadas ciudades y pueblos españoles».

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La consellera concluye su escrito abogando por que «la seguridad de todos los españoles, así como de las personas que han llegado a España de forma legal y con la intención de trabajar, integrarse y contribuir al desarrollo».


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