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VALÈNCIA REITERA SU «FRONTAL OPOSICIÓN» A LA REAPERTURA DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS

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Los alcaldes Joan Ribó y Ada Colau han remitido una carta al ministro del Interior en la que abogan por «cualquier alternativa que no pase por la vulneración de los derechos humanos».

El alcalde de València, Joan Ribó, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han remitido una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Maslaska, en la que subrayan su «frontal oposición a la reapertura de los Centros de Internamiento de Extranjeros, CIE», y reclaman al Gobierno que no vuelva a poner en uso estos espacios. A la vez, proponen «colaborar de forma activa en encontrar cualquier alternativa que no pase por la vulneración de los derechos humanos y que ponga en el centro la dignidad y el respeto de todas las personas».

Ribó y Colau han expresado al ministro su «especial preocupación» ante la reanudación de la actividad de los CIE «dada la situación en la que nos encontramos por la covid-19». «Nos parece incompatible a nivel de salud, de dignidad y de respeto de los derechos humanos que mientras sigamos teniendo restricciones de movilidad y aforo en espacios al aire libre, se interne a personas que no han cometido ningún delito por un periodo de hasta dos meses en centros de régimen cerrado que no cuentan con la infraestructura suficiente como para afrontar la posibilidad de un solo contagio».

VELAR POR LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLESEn la misiva, los alcaldes de València y de Barcelona expresan su «convencimiento de que para cualquier gobierno progresista, uno de los pilares fundamentales del servicio público ha de ser velar por el interés de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad». Y recuerdan que utilizar los CIE como mecanismo automático de internamiento de personas que llegan de manera irregular «con el objetivo de retomar las políticas de retorno es una grave anomalía que contraviene directamente la Directiva europea de retorno y nuestra propia Ley de asilo».

Además, Joan Ribó y Ada Colau recuerdan al ejecutivo que la reactivación de la actividad de los CIE, que fue denunciada el pasado 25 de septiembre por más de 130 entidades de todo el Estado, «ha sido puesta en duda con la doctrina Luxemburgo: los CIE –subrayan en la carta ambos alcaldes- no son centros de acogida, y así lo estipulan tanto la normativa como los mecanismos de control y seguimiento de derechos humanos internacionales».

Asimismo, continúan argumentando los representantes de València y de Barcelona, «reactivar la actividad de los CIE con el objetivo de retomar las políticas de retorno es incompatible con el contexto actual de cierre de fronteras, además de ser una política que se ha demostrado fallida para la regulación de los flujos migratorios aún con las fronteras abiertas». De hecho, durante 2019, el Gobierno expulsó a menos de la mitad de las personas que fueron internadas en estos centros. Por el contrario, los alcaldes se postulan en favor de «políticas de acogida», a las que se destinen «los mismos recursos que actualmente se dedican a una política migratoria cruel, ineficaz y vulneradora de los derechos, que deben reorientarse hacia el acogimiento, la solidaridad y la cohesión social».

LA DIGNIDAD DE LAS PERSONASFinalmente, en la carta, Ribó y Colau exponen su posición sobre el nuevo Pacto europeo de migración y asilo que ha sido presentado recientemente en la Comisión Europea, «con el que –aseguran- estamos siendo testigos de cómo lo que es común se sustituye por lo defensa de lo propio», y describen la «larga experiencia de València y Barcelona como ciudades de acogida y con políticas de atención a todos los vecinos y vecinas, independientemente de su situación administrativa, que genera mucho consenso y que es un modelo de éxito de cohesión social».

Por ello, el documento concluye señalando el convencimiento de ambos mandatarios, representantes de «ayuntamientos firmemente comprometidos con la defensa de los derechos humanos» de que «nos encontramos ante la oportunidad de demostrar que la dignidad y la vida de las personas están por encima de cualquier otra consideración», y plantean su voluntad de «colaborar de forma activa en encontrar cualquier alternativa que no pase por la vulneración de los derechos humanos y que ponga en el centro la dignidad y el respeto de todas las personas».

Ambos alcaldes ya remitieron una carta el pasado 22 de junio tras la orden del Gobierno de paralizar la actividad de los CIE a causa de la pandemia de covid-19, en la que solicitaban que este cierre fuera definitivo. Sin embargo, el pasado 23 de septiembre se conoció la notificación de la Secretaría General de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras a las Unidades de Coordinación Operativa Territoriales de «reiniciar la actividad operativa» en los CIE de la península y del archipiélago canario. 

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