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EL ALCALDE ENCARGA A LOS SERVICIOS JURÍDICOS MUNICIPALES QUE EL AYUNTAMIENTO SE PERSONE EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS PAGOS AL GRUPO TRASGOS

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Joan Ribó exige que se aclaren «unas actuaciones irregulares por las cuales, presuntamente, se derivaban recursos municipales a una empresa que trabajó en las campañas electorales del PP».

El alcalde de València, Joan Ribó, ha encargado a los Servicios Jurídicos Municipales que inicien los trámites para que el Ayuntamiento se persone en las diligencias previas que se siguen en el Juzgado de Instrucción nº 20 de València sobre los contratos y pagos realizados al Grupo Trasgos entre los años 1999 y 2013. El alcalde ha afirmado la necesidad de que se «clarifiquen unas actuaciones al parecer irregulares que ha hecho una empresa directamente vinculada al Partido Popular, mediante las cuales los recursos del Ayuntamiento se dedicaban, presuntamente, a sus campañas electorales».

La Junta de Gobierno Local aprobará el próximo viernes una moción del alcalde en este sentido, después de que el Gobierno Municipal tuviera conocimiento sobre la investigación desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Dichas investigaciones, ha subrayado el alcalde, «habrían evidenciado la relación entre las empresas del grupo Trasgos y el Consistorio que lideraba el equipo de gobierno de los años 1999 a 2013, y que habría supuesto el pago por este Consistorio de 2,7 millones a Trasgos durante 14 años mediante actuaciones presuntamente irregulares».

El alcalde ha destacado que, de confirmarse, se trataría de hechos de «clara trascendencia penal, por su origen presuntamente delictivo». Y asimismo ha añadido que «supondrían un claro quebranto económico al Ayuntamiento y una manifestación del ejercicio de potestades públicas para fines espurios que este Ayuntamiento no puede ni debe tolerar». De hecho, se trata de actuaciones en relación directa con los procedimientos de contratación municipales de los que podrían derivarse «perjuicios patrimoniales municipales».

El encargo del alcalde implica el ejercicio por parte del Ayuntamiento de acciones penales y civiles «con el objetivo de garantizar los derechos, de toda índole, incluidos patrimoniales que puedan haberse visto afectados por las actuaciones administrativas investigadas».

La investigación arrancó en 2014, tras la denuncia planteada por el Grupo Municipal Compromís (entonces en la Oposición) ante la Policía Nacional, por las «sospechas» de las contrataciones efectuadas desde el Ayuntamiento con el entramado de cuatro empresas reunidas bajo el nombre común Trasgos Comunicación S.

L. La Policía Nacional trasladó el asunto a la justicia, que abrió una pieza específica. Tal como ha recordado el alcalde, Trasgos «es la empresa que hizo la campaña electoral del Partido Popular en 2011, y la misma que hacía los Congresos del PP de la ciudad de València durante este periodo».

La investigación recoge que el grupo empresarial facturó, entre 1999 y 2013, un total de 2,8 millones de euros al Ayuntamiento. A lo largo de un informe de 1.200 páginas se detallan presuntos «métodos irregulares de contratación, fraccionamiento sistemático de contratos menores, primacía de los criterios de selección subjetivos por encima de los criterios objetivos, incumplimientos en contrataciones directas, incumplimientos de las normas de fiscalización, o contratos por vía de urgencia sin justificación, entre otros».

El alcalde ha señalado que en estos momentos todavía hay vinculación entre esta empresa y el grupo municipal Popular, dado que si bien Trasgos «era la que organizaba las campañas electorales y los actos del PP en tiempo de Barberá, miembros de aquel Gobierno, relacionados con los contratos investigados en este caso, se mantienen en activo dentro del Grupo Municipal Popular; así como otras personas de este mismo partido implicadas también en casos en procesos judiciales, como Mesa y Púnica». 

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