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Montón pide que la salud ‘sea reconocida como derecho fundamental’ en la Constitución

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La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, se ha mostrado partidaria de reformar la Constitución ya que, a su juicio, «este sería el momento idóneo para situar y consolidar la salud como pieza fundamental del Estado del Bienestar».

La titular de Sanidad ha abogado por el reconocimiento de la salud como derecho fundamental en la carta magna, al mismo nivel que el derecho a la la integridad física y moral, la libertad de expresión o a la educación y ha explicado que «se trata de reforzar las garantías de los derechos de las personas sin condicionante alguno que los vulnere».

Montón ha inaugurado una jornada debate sobre la cobertura sanitaria universal en la sede de la Real Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana, donde ha recordado que el derecho a la salud está recogido en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, mientras que en la Constitución española de 1978 se recoge en el artículo 43, dentro de los principios rectores de la política social y económica.

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«Significaría pues un salto cualitativo de gran importancia que lo que hoy está reconocido dentro de los derechos sociales y económicos pasara a ser considerado un derecho fundamental», ha apuntado Carmen Montón.

En palabras de la consellera, «la oportunidad de la reforma constitucional es única para dotar de mayor rango al derecho a la salud», lo que resulta necesario si se quiere asegurar y garantizar un derecho vinculado al bien más preciado de la persona como es la salud. «De no ser así, queda supeditado a la mayor o menor sensibilidad de quien gobierna, o sometido a posibles crisis económicas que provoquen medidas que dejen desprotegida la salud de las personas, que no puede estar expuesta a estos vaivenes».

Los derechos son innegociables En relación a la universalización de la asistencia sanitaria, la consellera ha recordado que la primera decisión que adoptó el Consell fue recuperar ese derecho que había sido restringido por el Gobierno central, «desde la firme convicción de que los derechos son innegociables, y o se garantizan o se vulneran».

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A juicio de la consellera, hay distintas formas de articular una sociedad, «desde la garantía de los derechos o desde su restricción, desde la inclusión social o desde la exclusión de los más desfavorecidos».


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