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Martínez Dalmau: 'El derecho a la vivienda se garantiza protegiendo a la gente, no a los grandes fondos de inversión'

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– El vicepresidente traslada a las organizaciones sociales el alcance del decreto ley para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat – También se ha referido a la implicación del tercer sector en la puesta en marcha de la norma El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, se ha reunido con representantes de diferentes organizaciones sociales para trasladarles el alcance del decreto ley para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto, aprobado por el Consell el pasado 5 de junio. De igual modo, ha trasladado la implicación del tercer sector en el mismo, ya que la nueva norma prevé que las entidades sin ánimo de lucro que realizan funciones de reinserción puedan adquirir u obtener casas mediante cesión de vivienda pública. En el acto han estado representadas organizaciones como la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), STOP Desahucios, Asociación València Acull y, además, todas las que integran la Red para Inclusión Social (European Anti-Poverty Network / Red Europea de Lucha contra la Pobreza, en adelante EAPN CV). Martínez Dalmau ha apelado a la responsabilidad de todos los sectores de la sociedad valenciana para hacer frente al problema de la vivienda en la Comunitat y poder hacer realidad el plan estratégico Hàbitat 20-30 que permitirá, ha recordado, duplicar el número de viviendas de interés social en los próximos diez años. En este sentido, ha dicho que » hemos ha iniciado el camino con el Decreto ley para la Ampliación de Vivienda Pública. Una realidad que significa un antes y uno después en las políticas públicas de vivienda, no solo en la Comunitat, sino también en el estado español». El vicepresidente ha destacado que «la importancia de la nueva norma radica en que nos da, por primera vez, las herramientas necesarias para evitar que las casas donde vive la gente acaben siendo propiedad de los fondos de inversión». A este respecto, ha añadido que «queríamos recuperar las viviendas que perdió la gente en su día por culpa de sus deudas hipotecarias y, por eso, con este decreto ley, ahora podremos comprar casas procedentes de ejecuciones hipotecarias, daciones en pago y ventas-extrajudiciales, además de intervenir en las grandes operaciones de venta de vivienda, edificios o paquetes de más de 10 viviendas». «Esto nos permitirá ofrecer una respuesta inmediata para solucionar problemas de acceso a la vivienda para ponerlas a disposición de la ciudadanía», ha asegurado. El vicepresidente se ha referido a cómo «en los últimos años se han invertido recursos públicos en promociones de viviendas que han acabado finalmente siendo objeto de especulación». Por eso, ha dicho que «a parir de ahora, todas las casas que estamos adquiriendo tendrán una calificación de viviendas de protección oficial con carácter permanente, asegurando el cumplimiento presente y futuro de la función social de la vivienda». Asimismo, se ha mostrado convencido que «había que dar este paso decisivo para frenar prácticas especulativas con los recursos públicos y lo hemos hecho desde el Gobierno valenciano apostado por la descentralización, fomentando que los ayuntamientos también puedan ejercer el derecho de tanteo y retracto, respetando la autonomía municipal». Martínez Dalmau ha concluido manifestando de «forma taxativa» que «el derecho al acceso a la vivienda ni se presiona ni se negocia. El derecho a la vivienda se garantiza protegiendo a la gente, no a los grandes fondos de inversión». En el acto también han intervenido la directora de coordinación institucional de la Vicepresidencia Segunda, Adoración Guamán, y la directora general de Vivienda y Regeneración Urbana, Elena Azcárraga. Guamán se ha referido al Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos y ha subrayado que «evidencia que nos encontramos inmersas en una crisis de vivienda de enormes proporciones frente a la que es necesario actuar». «El decreto ley es la respuesta imprescindible, un imperativo democrático que responde a la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda, como refugio necesario para la vida digna, para todas las familias», ha añadido. Por último, Elena Azcárraga ha destacado que «el decreto ley es el resultado del trabajo en equipo y de los colectivos sociales comprometidos con el derecho a la vivienda». También ha agradecido la colaboración por parte de la Entidad Valenciana de la Vivienda y Suelo, EVha, y en concreto del servicio de gestión del parque público, como también de los servicios territoriales y centrales de la Conselleria.

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