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Martínez Dalmau asegura que la Generalitat 'va a tener tolerancia cero frente al uso fraudulento e ilícito de las viviendas públicas'

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– Durante el confinamiento, la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda intensifica la inspección de inmuebles, ya que aumentan las ocupaciones y los usos fraudulentos – Se recuperan dos viviendas en Alcoy destinadas al cultivo de plantaciones ilegales y cuya reparación costará unos 40.000 euros El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ha asegurado que la Generalitat «va a tener tolerancia cero frente al uso fraudulento e ilícito de viviendas públicas que estamos recuperando y reparando para ofrecerlas a las familias que más lo necesitan y que, además, llevan mucho tiempo esperando». El vicepresidente segundo se ha mostrado «tajante» tras el aumento de ocupaciones irregulares en viviendas públicas durante las semanas de confinamiento debido a la COVID-19. En algunas de ellas se han detectado estancias acondicionadas para el cultivo de plantaciones ilegales. Durante este tiempo, la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, a través de la Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl (EVha), ha mantenido su servicio de inspección activo para atajar las agresiones al parque público y ha intensificado la colaboración policial para evitar el uso fraudulento de las viviendas públicas y los daños al patrimonio. «No podemos permitir que las viviendas se utilicen fraudulentamente y se cometan actos delictivos en su interior y por ello estamos utilizando los medios de que disponemos para impedir estas situaciones, trabajando conjuntamente con las fuerzas de seguridad y denunciando los hechos ante la Justicia», ha remarcado Martínez Dalmau. Del mismo modo, ha asegurado que la Administración autonómica «debe ser contundente ante este tipo de hechos para que no exista la sensación de impunidad, de que se trata de zonas al margen de la ley en las que pueden hacer lo que quieran, machacando los derechos de muchas otras personas». Durante las semanas de confinamiento, la Generalitat ha registrado varios incidentes en viviendas públicas de distintos municipios que iban a ser reparadas para entregarlas a familias en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, hay que tener en cuenta las dificultades con las que se encuentra la Evha y los muchos procedimientos que se ponen en marcha para conseguir disponer de las mismas. Recientemente en Alcoy, cuando se estaba procediendo a la inspección de dos viviendas solicitadas de manera urgente por el Ayuntamiento, se descubrió en su interior una plantación clandestina de marihuana. Ahora, una vez recuperadas, la Generalitat se ve obligada a afrontar reparaciones por un importe aproximado de 40.000 euros para poder ofrecerlas en condiciones de habitabilidad a las familias adjudicatarias. Conexiones irregulares al suministro Al problema del uso delictivo hay que sumarle los casos de incendios en las viviendas provocados por la manipulación de las redes eléctricas para acceder al suministro ilegalmente. Un problema que se hace extensivo a todas las ocupaciones irregulares de viviendas, ya que van acompañadas de conexiones ilícitas a la red, poniendo en peligro la seguridad de todos los vecinos y vecinas. Hace unos días, cuando personal técnico de EVha inspeccionaba viviendas en un grupo de Alberic acompañado por la Guardia Civil, detectaron que diez inmuebles estaban ocupados ilegalmente, por lo que inmediatamente se interpuso una denuncia. Otro de los casos es una vivienda de Elche que, para evitar su ocupación reiterada y poder repararla, se colocó una puerta antivandálica. A los tres días de su instalación, ya había sido arrancada. Por su parte, otra de las viviendas que estaba previsto reparar en Paterna también ha sido ocupada. Precisamente, esa vivienda estaba adjudicada a una persona que anteriormente ya le había sido asignada otra, pero que resultó también ocupada ilegalmente. Ante este tipo de situaciones, el vicepresidente ha reiterado su compromiso de luchar para acabar con las ocupaciones ilegales en viviendas públicas, ya que «vulneran los derechos de las personas registradas en la lista de demandantes, impiden la rehabilitación del inmueble y suponen un riesgo para el propio ocupante y el resto de vecinos y vecinas».

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