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La Generalitat ya ha asignado 79 viviendas protegidas aplicando los nuevos criterios sociales

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La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, a través de la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), ya ha asignado 79 viviendas protegidas en toda la Comunitat aplicando los criterios sociales que priorizan a los colectivos que tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda.

Alicante es la provincia en las que más viviendas se han adjudicado mediante la aplicación de estos criterios sociales, con un total de 59. En primer lugar se sitúa Pilar de la Horadada con 25, seguido por Alicante ciudad con 24, tres en San Vicente del Raspeig, dos en Torrevieja, tres en Benidorm, uno en Castalla y uno en La Nucía). Le sigue la provincia de Valencia con 14 (10 en Gandía, tres en Valencia y uno en Vilamarxant) y seis en Castellón, todas en la ciudad de Castellón.

El hecho de que el Consell haya adoptado esta medida de dar preferencia el acceso a las viviendas a los colectivos más vulnerables demuestra el talante social y de compromiso con las personas que más lo necesitan.

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Esta nueva forma de asignar las VPO es el resultado de la Resolución del 16 de junio de 2017 de la Conselleria de Vivienda por la que se aprobaron los criterios de acceso en régimen de arrendamiento a las viviendas de protección pública propiedad de EVha.

La resolución establece que, además de cumplir los requisitos para residir en una vivienda protegida, se prioriza a determinados colectivos: víctimas de violencia de género; personas afectadas por un desahucio derivado de una ejecución hipotecaria o por impago de cuotas de alquiler; personas discapacitadas con un grado reconocido; familias con menores a su cargo; aquellos que residan en inmuebles con barreras arquitectónicas no subsanables; familias para las que pagar el alquiler suponga más del 25% de los ingresos de la unidad.

También se tienen en cuenta otras situaciones como que en la unidad familiar haya algún integrante menor de 35 años o mayor de 60 años, así como solicitantes que se ven obligados a desplazarse por motivos laborales. En el caso de igualdad de puntuación, se da preferencia a las solicitudes más antiguas.

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Antes de la aplicación de estos criterios, las viviendas se asignaban según orden de solicitud y número de viviendas vacías.

En el caso de estas 79 viviendas asignadas, los colectivos que se han beneficiado han sido principalmente unidades de convivencia con un menor a su cargo, con algún integrante menor de 35 años y familias cuyos alquileres superaban el 25% de sus ingresos. También se han adjudicado a víctimas de violencia de género, a personas con discapacidad y a familias que habían perdido su hogar debido a una ejecución hipotecaria.


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