Mollà denuncia que la APV «trata de evitar con todos los medios a su alcance» una nueva DIA y Martínez le replica que sigue vigente
VALÈNCIA, 1 (EUROPA PRESS)
La Comisión de Peticiones de la Eurocarámara ha acordado este miércoles, con los votos a favor del PP y del grupo de Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, vinculado al Partido de los Socialistas Europeos, cerrar la solicitud de un ciudadano valenciano para investigar si la ampliación del Puerto de València necesita una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para no incumplir el derecho medioambiental europeo, mientras que los Verdes, La Izquierda y los no adscritos ha votado a favor de que siga abierta.
La resolución se ha adoptado tras escuchar al peticionario; al presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, que ha insistido en que el proyecto cumple con la legislación ambiental, y a la consellera de Transición Ecológica, Mirella Mollà, que reclama una nueva DIA para despejar «el colapso ambiental» que supondría en el mayor lago de agua dulce de España, la Albufera. Por su parte, la Comisión Europa mantiene su postura de que «carece de base jurídica para intervenir en este asunto».
Así, el peticionario, «en atención a la preocupación que sienten muchos de los valencianos», ha insistido en reclamar que la Eurocámara llegue «hasta el fondo del asunto» por las «irregularidades» que supondrá comenzar las obras de la nueva ampliación norte del Puerto sin contar con una DIA actualizada para evitar «el retroceso de las playas del sur de Valencia, desaparezca el sistema dunar y l’Albufera» ya que el proyecto original ha sufrido «numerosas modificaciones» desde 2007.
Del mismo modo, la consellera Mollà ha explicado que comparece para «defender los intereses medioambientales ante la amenaza» que supone este proyecto y ha denunciado públicamente que la APV «trata de evitar con todos los medios a su alcance» realizar una nueva DIA ajustada al proyecto real pese a que existen «dudas razonables» sobre el impacto que supondrá el nuevo proyecto en la Albufera.
Asimismo, ha criticado que en «un hecho insólito» el Ministerio de Transición Ecológica en marzo de 2021 «otorgó al promotor, la APV, la condición a su vez de órgano sustantivo» y, por tanto, convirtió al Puerto «en juez y parte» de su propio proyecto en unas repercusiones que «se niega a evaluar». Por ello, ha reclamado a la Comisión Europea que no caiga en «la omisión deliberada del principio de precaución» para evitar «el colapso ambiental del lago de agua dulce más grande de España y de los humedales más importantes de Europa».
Por contra, el presidente de la APV mantiene su defensa de que la DIA de 2007 se encuentra vigente y no es necesaria una nueva evaluación, «tal y como ratificó posteriormente Puertos del Estado», y ha recordado además que la ampliación norte, concluida e inaugurada en abril de 2012, obtuvo 74 millones de financiación europea, lo que evidencia que el proyecto es de «relevancia estratégica también para la UE».
Asimismo, ha recalcado que los estudios no indican ningún efecto en las playas del sur y más cuando al desplazar la terminal a la zona norte aún está más alejada de la Albufera y se ha comprometido a publicar en la página web el proyecto definitivo en que cuanto lo tengan.
Por su parte, desde la Comisión Europea se mantiene en su posición inicial, después de admitir a trámite esta petición el pasado 2020, y en que de la información de la que disponen «no existía indicios que permitan identificar una infracción» a la legislación ambiental y más teniendo en cuenta que el proyecto definitivo «no está ni presentado ni autorizado». En cualquier caso, insiste en que en estos tipos de proyectos el mecanismo de recurso «más eficaz» es dirigirlo al ordenamiento jurídico español.
Ante estas exposiciones, el eurodiputado popular Pablo Arias ha mostrado su «perplejidad» por la intervención contraria de Mollà (Compromís) a la ampliación cuando forma parte de un Gobierno de coalición con el PSPV, mientras que la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero sí que ha apoyado el proyecto en la Eurocámara. Así, ha recalcado que su grupo está a favor de respetar la normativa ambiental pero también de la competitividad de los puertos y ha advertido de que sería «muy grave» que «se esté intentando utilizar la normativa actual vigente en materia medioambiental para paralizar proyectos por cuestiones ideológicas».
CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Por su parte, la valenciana Inmaculada Rodríguez-Piñero ha señalado que la APV con este proyecto «da un paso adelante para ser «un motor de crecimiento y creación de empleo», pero «con el compromiso de ser sostenible y de respetar toda la legislación vigente» como reconoce, ha recalcado, la propia comisión.
Por contra, desde los Verdes han criticado a la Eurocámara por «mirar hacia otro lado» con este proyecto cuando hay «una duda razonable» de que se vulnera la legislación medioambiental. Por eso, ha pedido mantener la petición abierta hasta disponer de toda la información y estar «muy vigilantes con el Puerto de València».
Asimismo, desde la Izquierda Europea Manu Pineda ha votado en contra de que se cierre porque se requiere una nueva DIA para determinar las afecciones que supondrá en las playas del sur y la Albufera este proyecto que se ejecuta «no en atención del interés general sino para que los grandes navieras obtengan beneficios».
Por último, el diputado no adscrito Mario Furore ha criticado que la Eurocámara «elude su responsabilidad» en materia medioambiental al no exigir una nueva DIA y ha reclamado que, por lo menos, la petición se mantenga abierta hasta que se presente el nuevo proyecto.