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La Conselleria de Agricultura traslada a los Ayuntamientos del entorno d'El Comtat i l'Alcoià que mantendrá estable el precio del agua recuperada

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– La consellera Mireia Mollà mantiene una reunión con la alcaldesa de Cocentaina y los alcaldes d’Alcoi, Alqueria d’Asnar y Muro d’Alcoi, que han expresado su satisfacción con el acuerdo – La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (EPSAR) prorroga el convenio con las condiciones iniciales y anuncia un nuevo acuerdo de cooperación para mejorar las instalaciones La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha trasladado a los Ayuntamientos de Cocentaina, Alcoi, Alqueria d’Asnar y Muro d’Alcoi y a las cooperativas empresarias de la zona la prórroga de los convenios de explotación de las depuradoras de Font de la Pedra y dels Algars, con el fin de mantener estable el precio del agua recuperada. La consellera Mireia Mollà ha anunciado la medida durante la reunión que mantuvo este lunes en Cocentaina con la alcaldesa de la localidad y los alcaldes de los municipios implicados. El acuerdo ha contado con el visto bueno tanto de las corporaciones locales como de los usuarios del agua reutilizada, que expresaron su satisfacción por la decisión. La prórroga del convenio con la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (EPSAR), dependiente de la Conselleria, con las condiciones iniciales, se acompañará además de un Plan de modernización de las instalaciones que permita incrementar el uso de agua reciclada y se adapte a las exigencias europeas recogidas en el Reglamento Europeo relativo a los requisitos para la reutilización del agua. «La iniciativa permite prolongar las vidas del agua, optimizar el consumo sostenible y actualizar las infraestructuras para extender el uso del agua reutilizada para las industrias, el riego y la limpieza urbana, a un precio asumible para los usuarios», ha señalado Mollà. Asimismo, el acuerdo adecúa el convenio existente a las exigencias introducidas en la ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del Sector Público que obliga a los convenios a tener una duración máxima de 4 años.

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