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Igualdad destina 12,7 millones de euros a pagar 2.087 plazas concertadas para personas mayores en el primer semestre del año

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– Las plazas están concertadas con entidades del tercer sector que han reivindicado durante años el paso de la subvención al concierto – La Dirección General de Gestión y Organización del Sistema y la de Personas Mayores han trabajado en la implementación del sistema La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha destinado durante el primer semestre de 2020 un total de 12,7 millones de euros para sufragar el coste de 2.087 plazas concertadas en centros de atención diurna y residencias para personas mayores en situación de dependencia. El concierto social ha sido una apuesta del Consell, que quiso, ya en la pasada legislatura, atender a una demanda histórica del tercer sector que quería pasar de la subvención al concierto, logrando así una mayor estabilidad y una mejor calidad del sistema, y en la que se ha trabajado, en este caso, desde la Dirección General de Gestión y Organización del Sistema y la de Personas Mayores. Este cambio en la fórmula de gestión ha permitido también mejorar los modelos residenciales de aquellos ámbitos en los que se ha implantado, centrando la atención en la persona y caminando hacia centros que se parezcan lo más posible a un hogar, fomentando la autonomía personal y mejorando las ratios de atención. Nuevo modelo Las plazas concertadas aplican el nuevo modelo de atención residencial pactado con el sector, y que tiene en cuenta la nueva realidad del sector residencial, al que las personas cada vez entran a una edad más tardía, lo que implica un deterioro neurodegenerativo mayor. Para atender estas nuevas circunstancias, en los módulos donde se atiendan a las personas con enfermedades neurodegenerativas se adoptan medidas como acotar el número máximo de plazas por unidad a 12, así como la reducción al máximo de las contenciones físicas y químicas que solamente se aplican por indicación del servicio médico responsable, y como último recurso en situaciones de riesgo. Asimismo, todas las habitaciones deben disponer de las instalaciones necesarias para el uso hospitalario y contar también con camas articuladas, tren elevador, barreras de protección y colchones viscoelásticos. El modelo también contempla que existan habitaciones para personas que se encuentran en estado terminal, donde se garantice la intimidad y donde sus familiares puedan estar solos con ellos para acompañarlos en sus últimos momentos de vida. El nuevo modelo también contempla que los centros se parezcan lo máximo posible a un hogar, con unidades residenciales más reducidas y permitiendo que las personas puedan traerse muebles y otros enseres de sus domicilios para decorarse su habitación, de manera que se sienta como en casa. Las personas residentes también deben contar con un profesional de referencia, que se encargue de dar apoyo personalizado a cada usuario en el día a día, desde un acompañamiento continuado y que es el principal referente tanto para la persona mayor como para su familia. Las nuevas plazas concertadas también aplican ya la mejora de ratio contemplada en el nuevo modelo y que implica una mejora del marco normativo estatal pasando de 2 auxiliares cada 9 personas con un grado 3 de dependencia, a 2 auxiliares por cada 7, además del acompañamiento terapéutico de un equipo formado por profesionales sanitarios y sociales. Mejoras para personas usuarias y profesionales El concierto social ha mejorado las cuantías que la administración destinaba al pago de plazas en centros de entidades sin ánimo de lucro, lo que ha permitido a la Conselleria plantear un incremento en las plantillas que redunda en una mejor atención para las personas usuarias. Los profesionales de los centros además de crecer en número también han visto mejorar su estabilidad laboral, ya que el concierto social ha permitido «reducir al máximo los tiempos de pago, algo que está reconociendo el propio sector, que ve alcanzada una estabilidad financiera que venía reivindicando durante décadas». Pagos primer semestre Durante el primer semestre del año, y a pesar de la situación provocada por la pandemia, la Conselleria ha seguido trabajando, lo que ha permitido hacer efectivo ya el pago de 73,9 millones de euros a entidades que gestionan centros para personas con diversidad funcional, personas mayores e infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad. Estos fondos se han destinado a sufragar 11.779 plazas, de las que 7.919 corresponden a residencias y centros de atención diurna para personas con diversidad funcional; que han supuesto una inversión de 38,9 millones de euros; 2.087 corresponden al sector de personas mayores; en las que se han invertido 12,7 millones de euros y 1.773 al de infancia y adolescencia, que se han subvencionado con 22,2 millones de euros. La provincia de Alicante acoge 636 plazas para personas mayores en centros de atención diurna y residenciales, que en este primer semestre del año se han subvencionado con 3,9 millones de euros; en Castellón 431 plazas han recibido 2,4 millones de euros; y en Valencia hay 1.020 plazas, en las que ya se han invertido 6,3 millones de euros. Por tipologías de recursos, los centros de atención diurna cuentan con 742 plazas, de los que 152 están en la provincia de Alicante, 174 en la de Castellón, y 264 en la de Valencia. Las entidades que gestionan estos centros han recibido durante el primer semestre de 2020 más de 1,9 millones de euros. Los centros residenciales para personas mayores cuentan con 1.497 plazas, de las que 484 se encuentran ubicadas en la provincia de Alicante, 257 en la de Castellón y 756 en la de Valencia. La Conselleria ha destinado ya más de 10,7 millones de euros a las entidades con las que tiene concertadas estas plazas. Pagos durante la COVID-19 La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas acordó, durante el estado de alarma decretado por la COVID-19, mantener el pago de todas las plazas de los centros de atención diurna que tuvieron que suspender su actividad durante el confinamiento. De esta manera, se garantizó que las personas usuarias continuaran recibiendo atención domiciliaria en aquellos casos en que era necesario, y también se aseguró que numerosos profesionales pudieran mantener sus puestos de trabajo, ya que el pago de las plazas se condicionó a que las entidades no realizaran un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

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