La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha organizado jornadas informativas y formativas sobre la nueva Ley valenciana de inclusión, que irán destinadas a los municipios para que los ayuntamientos conozcan tanto la nueva norma como la aplicación informática creada para su gestión.
Esta iniciativa, que recorrerá todo el territorio valenciano, está diseñada para garantizar a los ayuntamientos que estén preparados para la entrada en vigor de la nueva ley, que supone una apuesta por la municipalización en la instrucción, tramitación y seguimiento de la renta de garantía.
Las jornadas servirán para informar y formar en aspectos concretos y procedimientos para la ejecución y puesta en marcha de la nueva prestación contemplada en la ley que sustituirá a la renta garantizada de ciudadanía, y que incluye mejoras respecto a la anterior, como la ampliación y flexibilización de los requisitos para poder acceder a la ayuda, el aumento de tiempo de cobertura de la prestación y el ahorro en la gestión burocrática.
El proceso formativo cuenta con tres fases. En la primera, que se desarrolla en esta quincena de marzo, la Conselleria realizará sesiones informativa en Alicante, Castellón y València, centradas tanto en las novedades de la nueva normativa como en el reglamento que la desarrolla y que en estos momentos está en tramitación. La primera jornada está prevista para este miércoles, 21 de marzo, en Alicante.
En la segunda fase, que se desarrollará en el mes de abril, la Conselleria va a realizar una sesión específica de formación técnica y personalizada, al personal de los Ayuntamientos de Elche, Alicante y Valencia. También realizará sesiones para el resto de ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana que vayan a gestionar la renta valenciana de inclusión.
Para ello se formarán cursos de 20 a 30 personas, en centros preparados con la dotación informática necesaria para poder trabajar en un entorno de pruebas con la nueva aplicación informática, y distribuidos por la geografía de la Comunitat Valenciana para que sea lo más próximo posible al municipio.
Este tipo de formación más técnica y personalizada se mantendrá el tiempo que se estime necesario. De manera que si hay nuevas incorporaciones al equipo de Servicios Sociales, si necesitan reforzar los conocimientos o repetir esta formación en algún caso, tendrán la posibilidad de hacerlo, previa petición a la Dirección General de Inclusión Social, que coordinará esta formación.
En la tercera fase, la Conselleria tiene la intención de incorporar en el segundo semestre del año, cursos formativos del IVAP a través del Plan Interadministrativo, sobre la gestión en la aplicación técnica de la ley.
Paralelamente, la Conselleria ha elaborado una guía y un vídeo tutorial de explicación de los procedimientos y particularidades de la nueva ley, que podrá consultarse a través de la página web de este departamento.
La nueva ley introduce novedades significativas como la de contemplar la posibilidad de que la renta tenga carácter indefinido, cuando hasta ahora había un límite de 3 años, con una carencia de dos, y será necesario sólo un año de empadronamiento, frente a los 24 meses actuales, exigiendo únicamente la residencia efectiva en la Comunitat Valenciana para tener derecho a la misma.
Asimismo, amplía la edad para poder solicitarla a los 18 años y a la vez que se elimina el límite de edad para percibirla, cuando ahora era sólo para personas de entre 25 y 65 años.
Además, la renta valenciana de inclusión contempla dos modalidades de prestaciones económicas en función de la situación de vulnerabilidad económica, social o laboral de la persona y su unidad de convivencia: la renta complementaria de ingresos que no llegan al 80 por ciento del salario mínimo interprofesional y la renta de garantía que se concederá en función de una valoración individual de la persona solicitante y que variará en función de diversos aspectos .
Respecto al importe de la prestación con la nueva ley será, según el salario mínimo interprofesional a la que está referenciada, de 515,13 euros, en el caso de un titular, y 706,46 euros para una unidad familiar de cuatro personas, a lo que se sumaría un 25% en el caso de necesitar ayudas para vivienda y pobreza energética, con lo que la ayuda se elevaría a 643,91 euros y 883,08 euros respectivamente, frente a los 385 actuales.
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