Dice que apoya los argumentado de la entidad por una «grave negligencia y la oposición lamenta que una empleada pague «los platos rotos»
VALÈNCIA, 23 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València y edil de Movilidad Sostenible en la ciudad, Giuseppe Grezzi, ha recibido este miércoles con «máxima satisfacción» la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que ve procedente el despido de la directiva de la compañía –Celia Zafra– a la que se le rescindió el contrato tras la estafa de 4 millones de euros registrada en 2019.
En este fallo, la sala de los Social del TSJCV considera procedentes el despido por «falta absoluta de criterio» y «grave negligencia» y revoca la readmisión de la directiva. De este modo, estima el recurso de suplicación interpuesto por la EMT y se revoca la resolución dictada en primera instancia por un juzgado de lo Social que daba la razón a esta trabajadora y declaraba la improcedencia de su cese.
Tras conocer la sentencia y en el receso del pleno celebrado esta jornada en el Ayuntamiento de València, Grezzi (Compromís), ha afirmado que este resolución da «la razón» a la compañía. «Eso es importante porque la considerad culpable por una grave negligencia. Eso da la razón a todo lo que habíamos estado diciendo desde el principio, desde el minuto uno que descubrimos» el fraude, ha expuesto.
El edil ha comentado que el fallo del TSJCV «explica toda la secuencia de los hechos y las acciones que hizo, de manera negligente», la directiva que ha quedado fuera de la compañía municipal, «proporcionando información sensible». «Por eso fue despedida. Y ahora nos dan la razón», ha agregado.
Giuseppe Grezzi ha criticado que desde que se conoció la estafa y se procedió a rescindir el contrato de la directiva, «algunos se han dedicado a hacer una cacería contra otros directivos de la empresa» como «la jefa financiera, María Rayón, y el exgerente Josep Enric García».
El responsable de la empresa pública ha apuntado al respecto que «en la misma sentencia del TSJCV se dice que se ha hecho un daño irreparable a su trabajo y a su imagen». «Eso también lo tenemos que lamentar», ha resaltado. A su vez, ha afirmado que quienes «no han apoyado a la empresa para hacer justicia y buscar los verdaderos culpables» de la estafa se han posicionado «en contra de los intereses de la ciudad y de la EMT, buscando otras cosas que no eran la verdad, la recuperación de los recursos y hacer justicia».
«Tanto es así que cuando en el consejo de administración de la EMT planteamos un recurso contra la primera sentencia, PP y Cs votaron en contra de buscar la verdad y de hacer justicia» mientras «Vox ni participó», ha dicho. Tras ello, ha lamentado «todo lo que se ha montado alrededor» del fraude y ha expresado «máxima satisfacción» porque «se está probando la solución de buscar a los verdaderos culpables, de hacer justicia y de recuperar el dinero» sustraído.
Por su parte, Borja Sanjuán, el portavoz del PSPV, partido que integra el gobierno local junto a Compromís, ha comentado a partir de la sentencia del TSJCV que «siempre» dijeron que la decisión adoptada con la directiva «se circunscribía al ámbito laboral». «El TSJCV ha dado la razón a la empresa pública, lo cual saludamos», ha dicho.
Al mismo tiempo que destacado las medidas adoptadas en la compañía a partir de la estafa. Así, ha aseverado que «no solamente» se han implantado «en el ámbito laboral las medidas que eran necesarias o que se consideraban pertinentes, como en este caso el despido de esta empleada por una actuación que el TSJCV ha considerado poco adecuada a las funciones y responsabilidades que tenía» sino que se han adoptado «protocolos como el de pagos».
PROTOCOLOS, «LO MÁS DETERMINANTE»
El también edil de Hacienda ha recordado que ese protocolo «se aprobó en el Ayuntamiento» y que es algo que «tiene que aplicar obligatoriamente la EMT para evitar que ante cualquier error o negligencia puedan darse este tipo de actuaciones».
«Lo importante no es solamente tener unos empleados correctamente formados, responsables y diligentes sino que en el caso de que haya una mala actuación, el protocolo prevenga, en este caso, la estafa o la pérdida de dinero», ha agregado. «Hemos actuado en los dos sentidos, tanto en el ámbito laboral, que ahora el TSJCV avala, como en el ámbito de los protocolos, que en el fondo es el más determinante», ha insistido el concejal.
Desde el PP, su portavoz, María José Catalá, ha manifestado «respeto absoluto» a las decisiones judiciales pero ha lamentado que desde el gobierno local alguien, «tanto de Compromís como del PSOE», pueda salir «a sacar pecho de que una trabajadora de este ayuntamiento pague los platos rotos de la negligente gestión de la EMT».
Catalá ha dicho que si así fue, «menudos partidos de los trabajadores de pacotilla» serían estas formaciones y ha opinado que la «negligente gestión de la EMT va mucho más allá de una estafa de 4 millones de euros» porque «es un verdadero agujero negro».
En nombre de Vox, el edil Vicente Montañez ha mostrado también su «respeto absoluto a cualquier decisión judicial» pero ha manifestado que «como miembro de la comisión de investigación» del fraude, «donde pudimos comprobar de primera mano cómo no existían procedimientos» y «cómo Zafra era la única empleada que estaba en aquel momento cuando no se encontraba ninguna de las dos personas que tenían que firmar».
Montañez ha apuntado que «dado el ejercicio de ingeniería social que se llevó a cabo por parte de los estafadores, cabría, dentro de las posibilidades razonables, que esta empleada realmente hubiera cometido de buena fe el acto negligente que supuso 4 millones de estafa de la EMT».
«MALAS PRAXIS»
«Hay muchas más preguntas que no se han contestado: qué hacían 4 millones en las cuentas corrientes normales. La respuesta, financiar el circulante como consecuencia de la mala previsión y las malas praxis del gerente y del presidente de la empresa. Al final, si son culpables sin culpables todos. Nos parece fatal que al final se acabe con una cabeza de turco pretendiendo justificar ocho transferencias absolutamente irregulares y la mayor estafa hasta ahora en una empresa pública», ha añadido.
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