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El Consell insta al Gobierno a estudiar la nulidad de las condenas dictadas por tribunales franquistas contra los que defendieron la República

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El pleno del Consell aprueba instar al Gobierno a estudiar la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales penales franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana.

También acuerda instar al Gobierno a adoptar medidas para hacer efectiva la reparación a quienes padecieron condenas por tribunales, jurados, civiles o militares, como las sentencias de los consejos de guerra, Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo o el Tribunal del Orden Público (TOP), por la lucha en defensa de los derechos y libertades del pueblo valenciano durante la Guerra Civil, la Dictadura franquista o la transición hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978.

Esta iniciativa obedece a lo establecido en la Ley 14/ 2017, de la Generalitat de Memoria Democrática que contempla la recuperación, protección y conservación de la memoria democrática valenciana y el reconocimiento, reparación y garantía de no repetición de las víctimas.

Asimismo, se suma al conjunto de medidas que el texto legal encomienda a la Generalitat, y que van desde la elaboración de estudios, publicaciones, jornadas, homenajes, y, en definitiva, todas las actuaciones necesarias para restituir la dignidad de las víctimas.

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La «nulidad» de las citadas condenas supone un trascendental avance en términos jurídicos respecto de lo ya previsto en la vigente Ley estatal 52/2007, más conocida como Ley de Memoria Histórica, en cuyo artículo 2 se reconoció y declaró «el carácter radicalmente injusto» de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

También supone un importante paso respecto de lo indicado en la citada ley estatal de 2007, cuyo artículo 3 declaró genéricamente la «ilegitimidad» de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales constituidos durante la Guerra Civil para imponer condenas por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa y expresamente, la del citado Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, del TOP, así como de los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra.

Frente a la actual «declaración de reparación y reconocimiento» que expide el Ministerio de Justicia, una eventual declaración de nulidad, expulsaría completamente del ámbito jurídico tales sentencias y resoluciones administrativas, a pesar del tiempo transcurrido.

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En definitiva, se pretende reconocer y reparar a quienes defendieron la legalidad institucional republicana, a los que pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución.


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